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Se alistan argumentos ambientales de la Constitución y de convenios
internacionales
La ex asambleísta y ex secretaria de Comunicación del actual Gobierno, Mónica
Chuji, desafiliada del moviento Alianza País, cuestiona que en el borrador de la ley
conste que la consulta previa, no vinculante, deberán hacerla las empresas mineras.
"La consulta debe hacerla el Estado
ecuatoriano, pero no las empresas", manifiesta, ya que a pesar de no ser vinculante
porque los recursos no renovables pertenecen al Estado, la opinión de los pueblos
afectados debe ser valorada, puntualiza.
Chuji sostiene que el borrador de la Ley Minera no ha sido socializado y, de lo que
conoce, cree que "está hecha a la medida de la política extractivista y neoliberal
del Gobierno".
A su vez, el ex diputado de Pachakutik, Salvador Quishpe, dirigente de las organizaciones
de Zamora Chinchipe, señala que el borrador de la norma se hizo "con los criterios
de los representantes de las empresas mineras extranjeras".
Asimismo, considera que en esa provincia el Ministerio de Minas y Petróleos no ha
revertido concesiones importantes, y cita como ejemplo aquellas que mantienen las empresas
Ecuacorrientes (95 mil ha mineras) en la Cordillera del Cóndor, Aurelian (cerca de 40
concesiones de 5 000 ha cada una), Mineral Exploration (Morona Santiago), IMC e IAMgold
(Azuay).
"Es decir se suspendió a las pequeñas, pero se dejó intactas a las empresas
multinacionales, que por el mandato minero debieron suspender todas sus operaciones",
anota.
Quishpe indica que antes de entrar de lleno en la explotación minera, el Gobierno
debería recordar que los derechos culturales, ambientales y sociales no se subordinan a
los derechos económicos. "¿Donde están, en el proyecto de ley, los principios
constitucionales respecto a los derechos de la naturaleza, el consentimiento previo y el
sumak kawsay? ¿El Gobierno empezará violando la nueva Constitución?", se pregunta.
El representante de la Asamblea Nacional Ambiental de los Pueblos, Nacionalidades y
Organizaciones Sociales del Ecuador (ANA), Líder Góngora, también afirma que no hubo un
proceso de diálogo con las comunidades en la preparación del borrador de la ley.
Por eso manifiesta que el Gobierno debe informar sus contenidos y recoger la opinión de
los sectores que serán afectados con la minería a gran escala. Añade que la experiencia
ha demostrado que esta actividad afecta a los bosques, a los yacimientos de agua...
"No existe una sola mina de cobre a gran escala en el mundo, ubicada en un país como
el Ecuador y en áreas similares a las halladas en la Cordillera del Cóndor e Íntag
(Imbabura) que no haya causado enormes impactos sociales y ambientales", señala.
Para Góngora y Mónica Chuji aún hay posibilidades de bloquear al proyecto de ley. Ellos
aducen que el Gobierno deberá respetar la nueva Constitución que prohíbe la extracción
en áreas protegidas y en zonas intangibles. También establece que cualquier persona en
su representación puede acudir ante jueces para solicitar medidas cautelares o la acción
de protección.
A esto se añade una declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los
derechos de los pueblos indígenas, enmarcada en el convenio 167 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que señala: "Los Estados celebrarán consultas, por
medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar o aplicar medidas
legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre,
previo e informado. (VG/SR/AA)
Organizaciones sociales se oponen al conjunto del borrador. Artículos más
cuestionados:
Art. 72.- Consulta. Las
conclusiones y recomendaciones de esos procesos, no son vinculantes
Art. 74.- Participación. Estos procesos serán llevados a cabo
por los concesionarios.
Art. 83.- Curso de las aguas.
Para modificarlo con fines agrícolas, las comunidades deben pedir permisos.
Estas son las normas más cuestionadas, aunque
las organizaciones sociales e indígenas consultados por BLANCO Y NEGRO, se oponen al
borrador de la Ley en su conjunto. Ellos sostienen que favorece a las multinacionales y
convalida un proyecto neoliberal.
Sobre la intención del Gobierno de enviarlo para la aprobación del congresillo, presumen
que el presidente Rafael Correa tal vez no está seguro de tener una mayoría legislativa
en la próxima Asamblea Nacional. (SR/VG)
Punto de vista
Equilibrio en la explotación
El Gobierno ecuatoriano está interesado en una rápida aprobación de la Ley Minera para
dar paso a la explotación de estos recursos y con ellos financiar sus programas sociales.
Ante esto cabe preguntar: ¿El Régimen ha analizado los beneficios económicos frente a
los costos sociales? ¿Se respeta el "buen vivir" como lo establece la nueva
Constitución?
El borrador de este proyecto de Ley, que según los pueblos indígenas no ha sido
discutido con sus organizaciones, puede traer grandes beneficios económicos, pero
también graves consecuencias para el Ecuador.
Este órgano legal, que deberá ser aprobado por el congresillo, puede desatar conflictos
en las comunidades que se sienten afectadas por la explotación de las minas. Esto no
será nuevo, Ecuador ya lo ha vivido en Íntag (Imbabura), Azuay y Zamora, y puede
empeorar más aun si se aplica la represión para intentar aplacar el conflicto.
Otra de las consecuencias negativas pueden ser los daños ambientales que afectarán a los
pobladores asentados en las cercanías de los yacimientos mineros. La explotación minera
requiere el uso abundante de agua, energía, químicos y explosivos que pueden afectar a
la biodiversidad provocando la reducción del turismo, la migración y el aumento de
enfermedades graves e incurables a causa de la contaminación.
El actual Gobierno debe evitar que estos problemas se den en el Ecuador, uno de los 17
países con mayor megadiversidad en el mundo. Pero tampoco puede desaprovechar que el
país tiene un potencial minero que fácilmente puede reemplazar y duplicar sus ingresos
por concepto de exportaciones petroleras. Las inversiones que necesita el sector son
millonarias, porque toda explotación debe afectar lo menos posible al entorno natural.
(MEC)
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