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Organizaciones sociales y
ambientalistas se oponen al conjunto de la nueva norma legal; mientras la Cámara de la Minería
presentó 27 observaciones al borrador de la Ley
El borrador de la ley minera
no satisface a todos los sectores involucrados
La cámara de Minería sí conoció
el documento, en cambio varios dirigentes ambientalistas y de organizaciones sociales
dicen que nunca fueron notificados del tema
Poco después del triunfo del Sí en el referendo aprobatorio de la nueva Constitución,
el presidente Rafael Correa anunció que la Ley Minera será una de las primeras en
enviarse a la Comisión Legislativa de Transición.
La semana anterior, el ministro de Minas y Petróleos, Galo
Chiriboga, entregó al mandatario el borrador del proyecto de ley, que al momento es
revisado por la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia.
Correa tiene mucho interés en la rápida aprobación del
nuevo cuerpo legal para impulsar la explotación minera y financiar, con esos recursos,
los programas sociales del Gobierno. En diciembre pasado adelantó que de probarse la
existencia de reservas de cobre por 100 000 millones "sería inmoral" no
explotarlas y dejar que el país continúe en el subdesarrollo.
En el Ministerio de Minas y Petróleos también hay
premura. Para empezar, la vigencia del Mandato Minero aprobado por la Asamblea
Constituyente finaliza el próximo 18 de octubre, fecha en la que se espera que esté
listo el proyecto para enviarlo a la Comisión Legislativa, que para entonces deberá
estar conformada.
La extracción a gran escala es cuestionada por los
ambientalistas y las comunidades de las zonas mineras, por el alto impacto social y
ambiental que conlleva. La discusión del tema en la Asamblea fracturó a la mayoría de
Alianza País porque un grupo, liderado por Alberto Acosta y Mónica Chuji, planteaba el
"consentimiento previo" vinculante, es decir, que la comunidad afectada podía
autorizar expresamente la explotación del recurso.
El presidente Correa se opuso a esa propuesta porque podía
detener proyectos de interés nacional. Finalmente, el artículo 57 de la Constitución
señala que la consulta previa será obligatoria y deberán realizarla las autoridades
competentes, pero sus resultados no serán vinculantes y en caso de ser negativos se
procederá conforme a la Ley.
El entonces asambleísta de Pachakutik, Carlos Pilamunga,
anticipó su temor de que la ley conculque el derecho de las comunidades. "Esa ley es
una incógnita, porque la hará la mayoría de PAIS en el congresillo", advirtió.
(SR/VG)
Ministro: "Ley
recoge todas las visiones"
Varios dirigentes aseguran que las comunidades afectadas no conocen el
proyecto
El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, afirma que el borrador de la ley recoge
las opiniones de ambientalistas, así como las aspiraciones de los gobiernos locales, los
trabajadores, grandes y pequeños empresarios.
"Eso nos permitió ampliar la visión, pues el tema minero es multidimensional y
tiene que verse desde varios escenarios: el punto de vista ambiental, la importancia
económica... todos esos aspectos han sido recogidos en el borrador", dice.
La ex asambleísta de Alianza País (desafiliada), Mónica Chuji, lo contradice: No
conocemos nada del proyecto, menos aún las comunidades afectadas. Lo mismo sostiene
Líder Góngora, representante de la Asamblea Nacional de los Pueblos, Nacionalidades y
Organizaciones sociales del Ecuador (ANA).
De igual forma se pronuncian el dirigente de la Ecuarunari Humberto Cholango y Salvador
Quishpe. (SR/VG)
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