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Según la actual administración, el año pasado habría rendido $1,5 millones;
según estudios técnicos extraoficiales, en los últimos siete años habría producido
$31 millone
"Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo
sucedido, tenemos indicios de corrupción que serán investigados y sancionados".
Carlos bravo, gerente de la AGD
En general, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no ha mantenido una
política de transparencia sobre el campo Onado.
Uno de los pocos gerentes que habló del tema fue Ramiro Espín, que en 2004 le dijo a
BLANCO Y NEGRO que los recursos obtenidos con los rendimientos
proporcionales a la participación del Popular se utilizaron para pagar a los
depositantes. En esa ocasión, el ex funcionario señaló que ese yacimiento era la única
fuente real de recursos para el banco.
El reportaje también mencionaba que por entonces el campo daba un rendimiento anual de $2
millones. Actualmente, fuentes de la administración temporal dicen que en 2007 se
generaron $1,5 millones de utilidades.
No obstante, análisis extraoficiales señalan que los rendimientos serían mucho más
altos y que la AGD habría recibido $31 millones en los últimos siete años. Esta cifra
es superior a las propuestas de venta por $22 y por $28 millones realizadas por la actual
administración, que tampoco ha hecho pública la valoración del 100% del yacimiento
venezolano realizada por Petronado.
Otro aspecto que no ha sido transparentado por parte de la AGD tiene que ver la calidad
del crudo extraído. Todavía no ha presentado certificaciones sobre el tema.
En la misma línea de reserva, la Agencia de Garantía de Depósitos nunca informó el
precio que pagó PDVSA al consorcio CGC-Korea Petroleum-Banco Popular por la compra del
60% de la participación en Onado ni el destino que se dio a esos recursos.
El actual gerente de la AGD, Carlos Bravo, y fuentes allegadas al liquidador del banco,
Antonio Buñay, manifestaron que no existe información sobre el campo Onado porque
anteriores administradores se habrían llevado la documentación.
"Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido con el campo
Onado, si hubo renta o no, qué se hizo con esos recursos o si hubo pérdidas",
señalaron.
Asimismo, tras afirmar que en el pasado hubo corrupción, Bravo se comprometió a realizar
una profunda investigación, que establecerá responsabilidades penales.
Por la reserva con que se ha manejado este tema, el grupo de 30 inversionistas del fondo
Solidez que interpuso medidas cautelares sobre el campo petrolero recién se enteró en
2004 que este era uno de los activos del banco. La defensa de esas personas dice haber
obtenido en Venezuela información sobre el campo, "porque la AGD no tiene un
registro de los dineros ingresados por la producción".
La defensa cuestiona al actual liquidador temporal del Banco Popular, dice que por
"desconocimiento del tema petrolero" se valoró la participación en $22
millones, cuando el valor real es mucho mayor. Por eso apoya una valoración
internacional, independiente. (SR/AA)
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