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AGD PONE UN PRECIO DE
VENTA, PERO NI SIQUIERA CONOCE CUÁNTO PRODUCE EL YACIMIENTO
ONADO: OPERACIÓN PETROLERA
POR FONDO SOLIDEZ
Un grupo de inversionistas interpuso
medidas cautelares sobre este y otros bienes del BPE
El pasado 29 de agosto, los presidentes Rafael Correa Delgado y Hugo Chávez firmaron un
acuerdo para que Petroecuador opere el campo Ayacucho, de 863 km² de superficie, ubicado
en la faja del Orinoco, en Venezuela.
En el acto, celebrado en el campamento de ese yacimiento petrolífero, PDVSA también
declaró una cesión de sus derechos en el campo Onado a favor de Petroecuador.
Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que
mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación).
Como hasta ahora no se han difundido los contenidos de esos convenios, hay que remitirse a
las primeras declaraciones del ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien
estimó en alrededor de $22 millones el valor del campo Onado, ubicado en el estado de
Monagas, cerca del oceáno Atlántico. Pero se conoce que Petroecuador no pagaría más de
$17 millones.
Sin embargo, el traspaso aún no puede concretarse porque alrededor de 30 inversionistas
del fideicomiso Solidez, del Banco Popular, interpusieron acciones con la prohibición de
enajenar este y otros bienes de esa institución. La defensa señala que, mediante las
medidas cautelares, se busca "garantizar el pago de las acreencias".
El fideicomiso Solidez se constituyó en 1995, cuatro años antes de que el Banco Popular
entrara en saneamiento y se adhirieron cerca de 400 personas. El Grupo Financiero Popular,
conformado por el Banco Popular del Ecuador (BPE) y el Banco Popular Internacional (off
shore), en calidad de fiduciario, entregaron a los beneficiarios certificados convertibles
en acciones que contaban con la garantía general del banco emisor. En diciembre de 2000
vencieron los plazos de las obligaciones y los fideicomitentes iniciaron reclamos para
recuperar sus recursos, pero hasta ahora continúan impagos.
El 27 de noviembre de 2006, BLANCO Y NEGRO publicó que la Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD) se resistía a pagar, a pesar de que estas acreencias siempre estuvieron
garantizadas por todos los activos del Banco Popular y de contar con el informe favorable
de la Junta Bancaria y el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del
Estado.
El yacimiento Onado está integrado por 14 pozos petroleros y tiene reservas probadas por
56,7 millones de barriles, según reconoce el liquidador del Banco Popular, Antonio
Buñay.
El ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, dice que el precio de $22 millones es
"absurdamente bajo" y que coincide con el saldo adeudado a los inversionistas
del fideicomiso Solidez, por lo que considera que la valoración fue fijada solo para
pagar esta deuda, pero perjudica a casi 2000 ex accionistas del banco, incluyendo a
cientos de ex empleados. (AA/SR)
'Popular tiene el 8,35% de participación '
Entre 2002 Y 2006 fue del 20,89%, entonces PDVSA cambió esquemas de contratos
En 1997, PDVSA llamó a licitación para operar el campo Onado por 20 años. Ganaron el
consorcio CGC (74%) y la compañía Carmanah (26%). Previamente, la compañía Distral
Térmica había firmado un convenio de participación con CGC para adquirir los derechos
en el convenio operativo del campo Onado.
Poco después, Distral Térmica transfirió esos derechos (equivalentes al 14,4%) al banco
Fivenez, del Grupo Popular.
En diciembre de 1998, CGC y Fivenez firmaron un contrato de venta, con opción de
recompra, con la compañía Petróleo y Gas Inversiones. De esta forma, la participación
de Fivenez aumentó al 16%.
Luego, Fivenez transfirió su participación al Banco Popular, como pago de obligaciones
pendientes. El valor de esta transacción fue de $22 millones. En mayo de 2000, PDVSA
reconoció al Banco Popular como partícipe del 16% del campo Onado.
En 2002, Carmanah cayó en default y sus acciones pasaron a los otros integrantes del
consorcio, cuyas participaciones subieron; la del Popular llegó al 20,89%.
Así estaban las cosas hasta 2006, cuando PDVSA asumió el 60% en todas las operadoras,
que quedaron con el 40%. La participación del Popular se redujo al 8,35%, equivalente al
40% de 20,89%.
PUNTO DE VISTA
Un proceso que requiere claridad
Durante todo el período previo al referendo aprobatorio del proyecto de Constitución,
que se votará el próximo domingo, el Gobierno central no se ha cansado de enviar
señales que favorezcan a su posición de apoyo al Sí.
Uno de aquellos indicios ha sido las acciones del Régimen con el fin de demostrar su
afán de resolver los problemas derivados de la crisis del sistema financiero de los años
noventa.
Quizás el caso más sonado fue la publicitada incautación de cientos de empresas que
pertenecerían a los hermanos Roberto y William Isaías, ex accionistas de Filanbanco.
A ello se han sumado acciones semejantes en contra del grupo Peñafiel, relacionado con el
también cerrado Banco de Préstamos.
Sin embargo, el gesto gubernamental más reciente en relación con la crisis bancaria ha
sido el traspaso de acciones del campo petrolero Onado a Petroecuador por parte de su par
venezolana PDVSA. Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la
participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en
liquidación).
El dinero, de acuerdo con la propagando gubernamental, servirá para pagar a los
perjudicados en el caso del fideicomiso Solidez, de dicha entidad financiera.
Hasta allí, las cosas bien. Sin embargo, han empezado a surgir dudas respecto del
traspaso de las acciones.
La principal de ellas es la valoración de los activos del campo Onado, sobre lo cual no
terminan de cuadrar las cifras. Una valoración de Petroecuador establece que el paquete
representaría unos $21 millones. Sin embargo, según PDVSA, los derechos representan $28
millones.
Se necesita en este caso de absoluta claridad, pues no cabe que, a título de hacer
justicia a cualquier precio a los perjudicados, se produzcan errores y perjuicios contra
los propios interese estatales. (LAG)
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