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El proyecto toachi-Pilatón contempla dos centrales de generación: Sarapullo y
Alluriquín, con 228 MW
Letreros colocados a la salida del túnel carretero del proyecto
Toachi-Pilatón. El contrato se firmó en diciembre de 2007. Actualmente se construyen las
vías, mientras para la construcción de la central se tramita la licencia ambiental
En diciembre de 2006, la compañía Hidrotoapi S.A., del Consejo Provincial de
Pichincha, convocó a un concurso internacional para la construcción de la central
hidroeléctrica Toachi-Pilatón, bajo la modalidad swiss challenge o “llave en
mano”.
Previamente, el Conelec había otorgado a Hidrotoapi S.A. la concesión para la
construcción de las obras de infraestructura, instalaciones, suministro y montaje de
equipos, así como el comisionamiento y puesta en marcha del proyecto.
El complejo contempla dos centrales de generación (Sarapullo y Alluriquín), con
un total de 228 megavatios (MW) de potencia instalada, en el cauce de los ríos Toachi y
Pilatón, a 80 kilómetros de Quito, en la vía Alóag-Santo Domingo.
El gerente de Hidrotoapi, Byron Granda, cuenta que en un inicio no se presentaron
oferentes, de ahí que hubo dos prórrogas de plazo por un total de 120 días.
Entonces Odebrecht presentó una oferta por $375 millones, para 190 MW, que
incluía una participación accionaria en Hidrotoapi y el financiamiento del BNDES.
En noviembre de 2007, el Directorio adjudicó el contrato a Odebrecht, en calidad
de socio estratégico del Consejo Provincial de Pichincha en Hidrotoapi S.A., para
ejecutar el proyecto como contratista, sin participación accionaria en Hidrotoapi y sin
utilización del crédito del BNDES.
Finalmente, el contrato se firmó el 9 de diciembre del año pasado, por $366
millones y un incremento de la potencia de la central a 228 MW.
El contrato establece que las obras complementarias serán ejecutadas por la misma
contratista a un precio y plazo acordados por las partes; en caso de crearse nuevos rubros
se firmarán contratos complementarios.
El plazo es de 48 meses, pero si la obra se entrega antes del tiempo previsto, el
monto del contrato será reajustado; para ello las partes deberán firmar un acuerdo
previo.
En caso de retraso en la entrega de las obras, Odebrecht pagará a Hidrotoapi $3
800 diarios por la central Sarapullo y $13 mil por la central Alluriquín. Estos montos se
consideran “daños liquidados” y no penalizaciones.
Igual categoría se otorga a probables fallas en la eficiencia media ponderada de
cada unidad de generación en relación a la establecida en los datos garantizados de la
oferta; en todo caso, la responsabilidad total de la contratista por todos estos conceptos
no podrá exceder del 6,7% del precio del contrato.
Asimismo, si Odebrecht logra reparar eventuales fallas técnicas que se presentaren
en las unidades de generación, dentro de un plazo de 120 días calendario, la empresa no
pagará “daños liquidados”.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato es una póliza equivalente al 6,5%
del monto del contrato y el 30% de la misma durará hasta la entrega de la última unidad
de generación. La garantía de responsabilidad contra defectos para cada unidad de
generación dura 12 meses a partir de la recepción de cada una de ellas y se reducirá
semestralmente hasta llegar a un 70% en función del avance de las obras.
Esa garantía y la de buen uso del anticipo, conjuntamente con otra contra
defectos, cuya vigencia es de 12 meses luego de la recepción de las obras, constituyen
las únicas presentadas por Odebrecht, según lo señala el contrato.
Allí también se establece que una parte no será responsable ante la otra por lucro
cesante, daños indirectos, daños morales y daños a la imagen, entre otros aspectos.
Adicionalmente hay una cláusula de confidencialidad en relación a los planos,
registros, datos, libros, informes, documentos e información técnica, comercial o
financiera que se entregan las partes. (AA/VG)
Funcionarios se repiten en el sector eléctrico y de una u otra forma conocían
los antecedentes de los contratos con Odebrecht
De izquierda a derecha:Alecksey Mosquera, ministro de Electricidad, Byron Granda,
gerente general de Hidrotoapi S.A.,Pedro Freile, abogado de la empresa Hidrotoapi S.A.
Antes de ser ministro de Energía, Alecksey Mosquera conocía sobre los contratos de San
Francisco y de Toachi-Pilatón, pues durante varios años desempeñó el cargo de jefe del
Departamento de Concesiones
del Conelec y al inicio de este Gobierno fue subsecretario de Electricidad del Ministerio
de Energía. A su vez, el actual gerente de Hidrotoapi S.A., Byron Granda, fue consultor
de la Dirección de Pla
nificación del Conelec y asesor del ex prefecto Ramiro González. Mientras, Pedro Freile,
abogado de Hidrotoapi, un tiempo trabajó para Alstom, empresa asociada de Odebrecth, en
San Francisco. (AA)
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