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Un ex funcionario probó
que no fue director ni participó en la ejecución de la transacción, pero II Sala penal
lo condenó
Caso 'west merchant bank':
una sentencia con cabos sueltos
El tercer tribunal Penal absolvió en dos fallos a los ex directores y dos ex
funcionarios del Banco Popular; la CSJ los condenó
La Segunda Sala de lo Penal de la CSJ está integrada
por los magistrados Luis Abarca (presidente), Luis Cañar Lojano y Ramiro Serrano Valarezo
El pasado 16 de abril, la segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) condenó a ocho años de reclusión mayor ordinaria a Ernesto Rivadeneira, Francisco
Rosales, Salomón Gutt, Rubén Ordóñez, Jean Daniel Benoit, William de la Rosa, Fernando
Armendaris y Renán Encalada.
Cinco eran miembros del Directorio del Banco Popular (BP), William de la Rosa
representaba a una compañía extranjera vinculada y los dos últimos eran funcionarios
del banco. Todos fueron sentenciados por peculado en el caso conocido como West Merchant
Bank (WMB).
La Sala de la CSJ los sentenció en la instancia de casación, pues acogió un
recurso de la acusación particular que cuestionó un fallo del Tercer Tribunal Penal de
Pichincha.
Esto, luego de que el procurador común de los acusadores particulares (del Fondo
Visión), Rodrigo Echeverría, sostuviera que el Tribunal había violado el Código Penal,
al no aplicar el artículo N.° 257, que tipifica el peculado, “al atribuirle una
errónea interpretación”.
Mediante fallo del 4 de diciembre de 2007, ese Tribunal absolvió a los ex directores y ex
funcionarios y sentenció a ocho años de reclusión mayor al ex presidente del BP,
Nicolás Landes, luego de una audiencia pública de juzgamiento a la cual asistió el ex
banquero, quien fue extraditado de Costa Rica.
En agosto de ese año, el Tribunal ya emitió una sentencia absolutoria para los ex
directores y ex funcionarios, al no haberse demostrado su culpabilidad en la transacción
financiera entre el holding Ceval y el West Merchant Bank, efectuada en 1988.
Antes, a mediados de 1995, la segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de
Quito confirmó el llamamiento a juicio plenario contra Landes y los otros sindicados,
realizado inicialmente por el juez XIV de lo Penal de Pichincha, Ramiro Martínez. La
sentencia, firmada por Fernando Casares y Patlova Guerra, tuvo el voto salvado del
ministro Alberto Moscoso.
En la fundamentación de su voto, este último señaló que la causa era nula por
varias razones. La primera: “No se citó debidamente a los sindicados imposibilitando
su defensa”; también indicaba que el juez XIV de lo Penal “actuó sin
competencia”, porque uno de los sindicados (Fernando Armendaris) tenía fuero de
Corte Superior, pues en esa época desempeñaba el cargo de administrador temporal del BP,
designado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Asimismo, en su voto salvado, Moscoso mencionó que ocho acusados nunca fueron
notificados del juicio, “ni se hizo citación alguna al defensor público...”
(AA/SR)
'La Súper de Bancos conocía la operación'
El ex magistrado de la CSJ, Jorge Andrade Lara, sostiene que los informes presentados en
la sesión del Directorio demostraban la conveniencia de la operación, tanto que durante
14 meses se cumplieron estrictamente sus estipulaciones y no fue impugnada por la
Superintendencia de Bancos, que tuvo conocimiento de la misma. "Además fue declarada
legal y normal por las auditoras Price Watherhouse y Deloitte".
También afirma que de haberse considerado ilícita y delictuosa a la transacción,
se habría involucrado al ex superintendente de Bancos, Jorge Egas, a los miembros de la
Junta Bancaria y a los auditores de esas empresas, ya que la responsabilidad no es de una
parte sino de todas las que intervienen y contribuyen al ilícito.
Por su lado, el fiscal Jorge Cano, señaló que hubo afectación patrimonial al
Banco Popular y a los otros bancos del Grupo. Sobre la existencia material del delito,
acusó penalmente a Nicolás Landes y William de la Rosa. (SR/AA)
Dos fiscales se abstienen de acusar a los directores
Asesor de Jorge German advirtió con iniciar indagación a magistrados, si no
dictaban prisión contra imputados
En diciembre de 2003, el fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras de la
Fiscalía, Jorge Cano, se abstuvo de acusar a los ex miembros del Directorio del BP y al
ex gerente de Banca Corporativa, Fernando Armendaris; en cambio, señaló como cómplice
al contador general, Renán Encalada.
En el mismo dictamen acusó penalmente al ex presidente de la institución,
Nicolás Landes, y a William de la Rosa, representante de las subsidiarias Grupo
Financiero Popular (GPF), Income Found y Jersey Private Bank Trust y de la firma Oxidene,
constituida en las Bahamas.
Un año después, la ex fiscal distrital de Pichincha, María Cerón de Navarro,
presentó su pronunciamiento a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito.
Ella se abstuvo de acusar a las mismas personas y señaló como culpables a Nicolás
Landes y William de la Rosa.
Luego, en 2006, cuando el caso pasó al Tercer Tribunal Penal de Pichincha, la
Fiscalía se abstuvo de acusar por falta de pruebas. Pero siete meses después, el ex
fiscal general, Jorge German, planteó a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema
que se acepte la casación interpuesta por la acusación particular.
Por esos días, un asesor de German advirtió en un memorando que la Fiscalía
podía iniciar una indagación previa a los magistrados de esa Sala de la CSJ, en caso de
no condenar a los implicados. (AA)
Transacción financiera de 1998 es el origen del
lío
El intendente de la 'Súper' de Bancos, Pedro Delgado, sostuvo que se perjudicó a
minoritarios y depositantes
El 17 de junio de 1998 se realizó una sesión de Directorio del Banco Popular. Según el
acta, asistieron los vocales Francisco Rosales, Ernesto Ribadeneira, Salomón Gutt, Rubén
Ordóñez y Jean Daniel Benoit. También estuvieron el presidente, Nicolás Landes, el
secretario general, Álvaro Bayas, y el gerente de Banca Corporativa, Fernando Armendaris.
Cerca de finalizar la sesión, Landes planteó a los vocales del Directorio una operación
con el West Merchant Bank (WMB). Ellos la aprobaron y autorizaron al representante legal
del banco (Álvaro Bayas), para que “suscriba todos los documentos y contratos que
Banco Popular deba otorgar para la instrumentación y respaldo del indicado
financiamiento...”
Se trataba de un préstamo del WMB al holding Ceval (dueño del Popular, Andino de
Colombia y Finevez de Venezuela). “Los pagos del capital e intereses se hicieron
puntualmente con abonos semestrales hasta septiembre de 1999”, dijo Landes a BLANCO Y
NEGRO en julio de 2007. Cuando el Popular fue intervenido por la “Súper” de
Bancos, el WMB exigió el pago del saldo, pero como Ceval no tenía efectivo suficiente
(su flujo provenía de los dividendos de sus bancos), el WMB liquidó los bonos recibidos
en garantía; también liquidó otros bonos por alrededor de $12 millones, de propiedad
del Jersey Private Bank Trust, del mismo grupo financiero. Entonces, el ex intendente de
la “Súper” de Bancos (SB), Pedro Delgado, sostuvo que hubo perjuicio a los
accionistas minoritarios y que se comprometieron recursos de los depositantes. (AA)
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