Blanco y Negro Periodismo de Investigación
  Quito, 11 de agosto de 2008

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Fabricio Correa: 'me pidieron el 10% de coima'


Hermano del presidente dice que no ha sacado provecho de este caso y hace acusaciones


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Fabricio Correa exige una indemnización por daños y perjuicios

EFabricio Correa vive a ritmo acelerado. En su oficina, ubicada en el edificio Finansur, en pleno centro de Guayaquil, las reuniones son constantes. Allí se destaca en fotografías que ha realizado obras para contratistas de Interagua y hasta para Álvaro Noboa, en cuya hacienda, Clementina, levantó una estación de drenaje.

Pero su compañía Aplitec S.A. continúa en la lista de contratistas incumplidos de la Contraloría General del Estado. “He pedido dos veces en este Gobierno -el de mi hermano- que me saquen de allí. Pero hasta la fecha lo hacen. Sigo en la lista”, contó.

Asimismo, descarta que haya sacado provecho en este caso desde que Rafael Correa es presidente. “Qué provecho voy a sacar si uno de los que me causó un terrible daño, Édgar Ocampo, continuó seis o siete meses como director ejecutivo de Codeloro en el Gobierno de mi hermano”, dijo.

Correa seguirá adelante con el arbitraje en la Cámara de Comercio de Guayaquil. “Me causaron un grave daño. Tuve que hipotecar los patios de mi empresa, que ya fueron embargados por el banco, y maquinaria. Para seguir con los trabajos en Tahuín hice un préstamo al banco y la obra quedó con un avance del 84%.

Faltando seis semanas para concluirla, me sacan ilegalmente del contrato”, comentó. Todo obedecía, según él, a que le pidieron el 10% del monto recibido como coima. “Édgar Ocampo me dijo que necesitaba para repartir e involucró a un poco de gente: que a Cobo, a Julio Molina, a Gustavo González -yerno de Gustavo Noboa-, al alcalde Falquez, al prefecto Sánchez… en fin, imagínese, Molina y González, que son mis amigos, involucrados por esta gente”, aseguró.

Correa exige una indemnización de daños y perjuicios, “pero el monto es reservado”, aunque advierte que sus pérdidas son millonarias. El Estado tendrá que pagar, pero espera que sea con derecho de repetición, para que los funcionarios responsables también respondan. Todo esto dice que lo realizará como un ciudadano común, que defiende sus derechos. “No me voy a quedar ahí.


Los culpables deben ir presos”. La Fiscalía en El Oro ya realiza una indagación previa. (MPH)


Obra con medio siglo de retrasos e incumplimientos

Solo el canal principal está listo, en cambio las otras fases del proyecto solo cuentan con los estudios

La historia del proyecto múltiple Tahuín arranca desde 1955, cuando el antiguo Inerhi (Instituto Nacional de Energía y Recursos Hidráulicos) construyó el primer sistema de riego en la margen izquierda del río Arenillas y que sirvió a 2 500 hectáreas de tierra.


Luego se pensó en un proyecto más ambicioso, con la construcción de una presa para regular las aguas del río. En 1975 se realizaron los estudios de factibilidad y en 1976 el diseño definitivo. Un año después se inició la construcción de la presa por administración directa del Inerhi, pero los trabajos físicos de esta primera fase del proyecto concluyeron al cabo de 11 años, debido al desfinanciamiento.

En 1994 se creó Codeloro y se hizo cargo de la represa. En 1995, el organismo contrató la construcción del canal principal, pero, por retrasos en la transferencia de recursos, el contrato concluyó sin avances en la obra.

La construcción de ese mismo canal principal se contrató con la empresa Aplitec S.A. en 2001. Para ello existían fondos aprobados por $3 080 000, financiados a través del Banco del Estado, el cual, a su vez, recibió aportes de la Corporación Andina de Fomento, como parte de los fondos de la firma de los acuerdos de paz con el Perú.

Actualmente, el canal principal está concluido, pero aún falta mucho para que el proyecto Tahuín cumpla sus objetivos en la zona.

El proyecto múltiple Tahuín comprende control de inundaciones, riego para 8 000 hectáreas de terreno, agua potable para Arenillas, Huaquillas y el norte del Perú, generación hidroeléctrica, manejo ambiental y ecoturismo.

Lo primero funciona llenando el embalse, lo que evita las inundaciones. La segunda etapa funciona a medias, con un sistema de riego antiguo que no cubre las expectativas. En todo caso, el canal principal está listo.

En el caso de los proyectos de agua potable e hidroeléctricos apenas están listos los estudios definitivos. Tampoco se ve avances en el manejo ambiental y ecoturístico. (MPH)

PUNTO DE VISTA

Más de 50 años de sequía e inundación

El proyecto de riego Tahuín, una obra de gran importancia para los habitantes de la provincia de El Oro, se ha convertido en un lío legal para Fabricio Correa, el hermano del presidente Rafael Correa.


La ejecución de la obra fue adjudicada a la empresa Aplitec -el presidente es Fabricio Correa- hace siete años y hasta el momento no entra en operación en su totalidad.

Pese al incumplimiento el presidente de la empresa reclama una indemnización al Estado por daños y perjuicios, ya que asegura que faltando apenas el 16% de la obra fue sacado "ilegalmente del contrato" como represalia a que le pidieron el 10% de coima para ser repartido a varias personas, entre ellos un alcalde y un prefecto.

Los rumores de que en los gobiernos se pide coima a los contratistas para la adjudicación de obras del Estado no causan asombro. Sin embargo, son pocos los que se atreven a denunciarlo como lo ha hecho el hermano del presidente.

La Secretaría Nacional Anticorrupción -adscrita a la Presidencia- y otros organismo legales deberían investigar esta denuncia dejando de lado los intereses del hermano del mandatario.

Además, las autoridades deberían actuar con celeridad e independencia para buscar una salida a la batalla legal entre Aplitec y la ex Codeloro para que se culmine la obra y los orenses no tengan que seguir padeciendo los problemas de las sequías e inundaciones que desde hace 53 años esperan que desaparezcan.

Promesa que se repite con el lanzamiento del Instituto Nacional de Riego (INAR) que reemplazará a Codeloro y que entrará en funcionamiento el 6 de septiembre en medio de un ambiente tenso por supuestas retaliaciones a empleados que emitieron informes desfavorables a la empresa contratista. Es momento de una solución, no de actos de maquillaje con cambios de nombres. (MEC)

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