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El caso pasó a los
tribunales, pero los recursos de amparo impidieron a Codeloro cobrar las garantías de
cumplimiento
Proyecto Tahuín, la obra
incómoda de Fabricio Correa
El 7 de junio de 2001, Codeloro adjudicó la obra a una empresa desconocida:
Aplitec S.A., 'por considerar que era la mejor oferta...'
En su primera etapa, que está concluida, la represa
irriga 2 500 hectáreas de cultivos. Foto: el chorro de agua que expulsa el desfogadero de
la represa
Amás de 10 kilómetros de la población de Arenillas, en la zona fronteriza de El Oro, se
encuentra el proyecto múltiple Tahuín que, por su actual condición de aparente
abandono, no demuestra ser lo que realmente es: la obra más ambiciosa de esta provincia
por los múltiples beneficios que de ella se esperan desde hace años.
El sector, cercano con el Perú, es árido. Tanto, que se necesita de la ayuda de
sistemas de riego artificiales. De Tahuín también se espera generación eléctrica y
control de inundaciones. Tanto se ha repetido esto, que ya sus moradores no lo creen
demasiado, pese a que ya ve la mayor parte de la estructura física.
La fe desapareció por los constantes ofrecimientos que no se traducían en
recursos. Pero en septiembre de 2000, el Gobierno asignó $3 millones para el canal
principal. El 1.° de marzo de 2001, el presidente Gustavo Noboa firmó como testigo de
honor el convenio para la ejecución de la primera etapa, con fondos del Banco del Estado.
Para comenzar la primera fase, la Corporación para el Desarrollo Regional de El
Oro (Codeloro) convocó a un concurso en 2001. Se interesaron siete empresas: Coandes,
Colisa, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Equitesa, entre otras. Pero el 7 de junio se
adjudicó a una empresa no muy conocida: Aplitec S.A., “por considerar que era la
mejor oferta para los intereses institucionales y del Estado”.
La empresa pertenece a Fabricio Correa Delgado, en ese momento un joven ingeniero que
conocía desde su juventud a Noboa, quien reunía a un grupo de colegiales en su casa para
analizar la Biblia. La relación fue cercana, al punto que Noboa aparecía como presidente
de Aplitec antes de que decida intervenir en política.
El 5 de octubre de 2001, Aplitec recibió un anticipo de $1 115 728 para iniciar la obra.
Siete años después, Tahuín aún no opera. El contrato llegó a los tribunales y en
Arenillas siguen a la espera de la obra. Nadie sabe hasta cuando. (MPH)
Presidencia de la República pidió explicaciones
por la rescisión unilateral del contrato
Codeloro concedió tres prórrogas justificadas por un paro provincial, el
invierno y la demora en la expropiación de algunos terrenos; fiscalización señaló que
hubo deficiencias
Este cartel está ubicado en el ingreso a la presa. Indica las
características del proyecto múltiple Tahuín
Los trabajos tuvieron problemas desde el inicio. Uno de ellos, el transporte de material
como el ripio se lo tuvo que realizar desde una cantera lejana. Aquello provocó las
primeras solicitudes de ampliación del plazo, que en principio era de ocho meses.
Codeloro concedió tres prórrogas, justificadas por un paro provincial, el invierno y la
demora en la expropiación de algunos terrenos. Para el contratista, esta última razón
fue una de las causas del retraso. Otra fue el cambio de los planos durante el desarrollo
de la obra. “Eso fue determinante”, dijo Fabricio Correa. “Nosotros
avanzamos por nuestra cuenta y riesgo porque entrábamos a terrenos que aún no eran de
Codeloro y lo puedo demostrar con certificados del Registro de la Propiedad de
Arenillas”, dijo en relación a la falta de expropiación de tierras.
Sobre los planos, asegura que estos fueron cambiados durante la ejecución de la
obra: “Tan es así que he pedido a Codeloro que presente los planos y no lo hace,
porque sabe que tengo razón”.
El 4 de septiembre de 2002, el informe de fiscalización señalaba que el avance
representaba $173 973 en 10 meses, con una muy baja capacidad de trabajo. En resumen,
determina que hubo insuficientes obreros y equipos, retraso en el suministro de materiales
y un capital operativo deficiente.
El 13 de septiembre de 2002, el director ejecutivo de Codeloro, Gonzalo Cobo,
notificó a la representante legal de Aplitec, Marcela Minchala, la intención de romper
unilateralmente el contrato. Esto repercutió en las altas esferas del Gobierno: la
subsecretaria jurídica de la Presidencia, Aracelli Torres, envió un oficio a Cobo,
pidiendo explicaciones: “Hasta entonces sírvase abstenerse de adoptar cualquier
resolución sobre el contrato”, reza la carta.
En ese momento, la tesis de Correa era que el director ejecutivo no tenía
competencia para rescindir el contrato, sino el Directorio de Codeloro. Así, el 28 de
octubre de 2002, el presidente Gustavo Noboa emitió un decreto ampliando las atribuciones
del Directorio y lo señalaba como la máxima autoridad para terminar unilateralmente los
contratos.
“A esas alturas los representantes del organismo no hacían caso a nadie...
Teníamos un pronunciamiento del procurador del Guayas, Sócrates Vera, que ordenaba a
Codeloro extender un contrato complementario para continuar la obra, pero no lo
acataron”, relató Correa.
La notificación formal a Aplitec de la culminación de la relación contractual se
dio el 5 de noviembre de 2002. (MPH)
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