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La indagación previa pasó a la fase de instrucción fiscal por presunto peculado
La tercera sala de la Corte Superior de Guayaquil (foto) anuló los
pedidos de prisión solicitados por el juez n.° 15
El 10 de octubre de 2007, la agente fiscal del Guayas, Gladys Murillo,
emitió una instrucción fiscal, luego de realizar una investigación general de la
situación de los bienes y activos que conforman el patrimonio de Filanbanco.
En la indagación fiscal se incorporó información de otras indagaciones previas y las
pericias contables elaboradas por peritos designados por el Ministerio Público,
relacionadas con la reversión de las cuentas ganadas, integridad de estados financieros,
intereses ganados reversados, eliminación de saldos del activo y las versiones rendidas
por la auditora general de Filanbanco S.A. en Liquidación, Claire Espinel y de la
penúltima liquidadora, Graciela Arteaga. La actual liquidadora es Soraya Bajaña.
El caso, por presunto peculado, fue elevado a la categoría de instrucción fiscal
y se solicitó la prisión preventiva de 12 personas, entre ex gerentes de Filanbanco
cuando pasó a manos de la AGD y posteriormente al Ministerio de Finanzas, ex liquidadores
temporales y ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
A mediados de octubre del año anterior, el juez 15.º de lo Penal del Guayas,
Oswaldo Sierra, ordenó la prisión preventiva de siete imputados.
Luego de eso, la defensa de los imputados invocó que gozaban de fuero de Corte
Superior y el caso subió a la tercera sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia
de Guayaquil. En esa sala se anuló todo lo actuado hasta entonces.
En la actualidad, el juicio se halla en manos del ministro fiscal distrital del
Guayas, Antonio Gagliardo. (VG/MPH)
Falconi dice que el 'hueco'
es de $2 668,5 millones
Ex superintendente de Bancos suma las entregas del Banco Central, el 'vuelto', los
créditos vinculados...
El ingenio azucarero La Troncal es uno de los 195 bienes de los ex
directivos de Filanbanco incautados por la AGD el martes de la semana pasada
El ex superintendente de Bancos, Juan Falconi Puig, sostiene que el
“hueco” de Filanbanco es de $2 668,5 millones.
Asegura que las entregas del Banco Central a Filanbanco en poder de la AGD,
empezaron el 3 de diciembre de 1998, con $140 millones; el 28 de diciembre de ese año,
otros $400 millones. El 2 de febrero de 1999 hubo dos entregas: por $100 millones y por
$176 millones; y, en mayo de 2001, otros $300 millones. Todo esto suma $1 116 millones.
Falconi añade otros $1 552,5 millones por las pérdidas a diciembre de 1998
($661,5 millones del informe de Deloitte & Touche), una cuenta RIC que se manejaba en
el exterior, el denominado “vuelto”, créditos vinculados y los préstamos de
liquidez otorgados por el Banco Central entre septiembre y diciembre de 1998. (VG/AA)
PUNTO DE VISTA
Isaías, un embrollo que lleva una década
El caso del cierre y posterior liquidación (aún no concluida) de Filanbanco se
constituye quizás en el más emblemático y doloroso de cuantos tienen que ver con la
crisis del sistema financiero del país sucedida a fines de la década de 1990.
Resulta doloroso por cuanto existen todavía aproximadamente 60 mil perjudicados a quienes
no se les ha devuelto sus haberes. Además de que en la lista de ex clientes de la entidad
hay personas para quienes, debido a su edad o enfermedades, el lento proceso de
devolución de sus depósitos resultó tardío.
Y emblemático, en el sentido más negativo que se le puede dar al término, por la serie
de implicaciones que ha tenido.
En primer término está el hecho de que hasta la fecha no exista una determinación real
del perjuicio ocasionado a los depositantes y al Estado y por el que se acusa a los ex
accionistas de la institución bancaria. Se barajan cifras que van desde los $600 millones
hasta más de $2000 millones (ver nota adjunta). La Junta Bancaria determinó en febrero
pasado que el ''hueco'' patrimonial era de $660 millones y sobre esa base se produjo la
incautación de 195 empresas del Grupo el martes anterior.
Adicionalmente, está el hecho de que ni los gerentes encargados por el Estado para
manejar el banco ni quienes fueron designados posteriormente para realizar su liquidación
hayan podido llevar a buen término los procesos encargados. En cada ocasión los
análisis posteriores han mostrado ineficacia y la existencia de pérdidas de diversa
magnitud, como detalla el presente BLANCO Y NEGRO.
Además, el caso se ha convertido en el ejemplo más claro de lo que puede
significar la manipulación de los tan maleables resortes legales del país. En una
década, ninguna acción fiscal o judicial ha producido resultados, los cuales el país
continúa esperando. (LAG)
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