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Luis Ayala figuraba como socio de la multinacional Jooamy Ema y su hermano
aparecía como el recaudador
La defensa de los acusados presentó dos contratos firmados por los
hermanos Luis y Martín Ayala Alarcón, que no fueron mencionados en la denuncia.
En el primero, suscrito con la multinacional Jooamy Ema, Luis figura como socio de esa
compañía para realizar el evento “Salsa con amor” (con una inversión de $800
mil) y Martín como el recaudador. El socio y la empresa participaban con el 50% cada uno.
El documento establecía que todos los ingresos provenientes de la preventa o venta de
reservaciones, venta directa de taquilla y auspicios serían directamente depositados en
una cuenta corriente del recaudador, es decir Martín Ayala, quien se comprometía a
entregar al final del evento, tanto al socio (Luis Ayala) como a la empresa (Jooamy), un
corte de cuenta actualizado que incluyera todos los ingresos.
También se estipulaba que la empresa retendría todos los vouchers de Casa Tosi (vendió
los boletos), de Quito y Guayaquil, y se encargaría del manejo de las entradas y su
distribución a los puntos de venta, conjuntamente con el socio. “Como se puede
observar, todos los vouchers o venta de boletos... le corresponden legalmente a la
multinacional Jooamy Ema”, señaló la defensa.
El otro contrato lo firmó Luis Ayala con la empresa RACM 2000 Producciones, representada
por Arturo Córdova Muñoz, para organizar y desarrollar todas las actividades necesarias
para los conciertos.
En ese documento, de sociedad de hecho o de participación de cuentas, el odontólogo
Ayala se comprometía a aportar con el 60% y Córdova, con el 40%. Las utilidades y
pérdidas serían repartidas de acuerdo con los porcentajes de asociación.
En el mismo instrumento se estableció que Ayala entregaba $300 mil, cantidad que no
equivale al 60% de $800 mil.
La defensa de Córdova señaló que el dinero del dentista más su aporte (40%) sirvieron
para el pago de honorarios y viáticos de los artistas, la contratación de tramoyistas,
alquiler de tarimas, iluminación, los locales para los conciertos y publicidad, entre
otros gastos.
También argumentó que, según el primer contrato, los hermanos Ayala tuvieron el control
de la venta de la taquilla.
De los documentos presentados en el juicio se desprende que los conciertos no tuvieron la
acogida esperada. “El doctor Ayala no puede comprender que el mundo de los negocios y
por la naturaleza misma del contrato no siempre se consigue una utilidad, hay la
posibilidad de que el evento no tenga el éxito esperado y la existencia de pérdidas es
un hecho cierto y no el resultado de una actuación antijurídica o fraudulenta”, es
lo que consta en un escrito presentado ante el juez tercero de lo Penal de Pichincha, Luis
Fernández Piedra.
Entre otras cosas, la defensa de los imputados señaló que los Ayala no probaron haber
hipotecado un edificio u obtenido un crédito bancario para cubrir el monto del aporte.
Con esos y otros argumentos pidieron la libertad. (VG/AA)
Matheus dice que no actuó en forma dolosa
Por su parte, Esteban Matheus, alegó que la única relación indirecta que tuvo con el
denunciante fue a través del evento, en el que participó en calidad de representante
legal de la compañía NEDGI Espectáculos, que colaboró en la realización, desarrollo y
gestión del evento. "No existe convenio ni relación contractual alguna con el
doctor Luis Ayala.
Añadió que en ningún momento recibió fondos, dineros, valores, mercancías,
obligaciones, finiquitos, recibos con el fin de apropiarse de algo ajeno. "No existe
documento que pruebe directa o indirectamente que mis actuaciones en este negocio sean
dolosas o hayan generado perjuicio a Ayala".
La familia desiste de
continuar el caso tras la muerte del dentista
Entre otros documentos, los imputados
presentaron al juez certificados de no haber sido sentenciados anteriormente por causa
penal alguna
Tanto la rebaja en el precio de las entradas como la inasistencia de varios artistas
impidieron que se recaude el monto proyectado.
Así lo señalaron los imputados Córdova Muñoz y Córdova Pasos en un escrito en el que
pedían la sustitución de la prisión preventiva. Allí puntualizaron que los actos de
comercio deben ventilarse en el ámbito civil, no en el penal.
Además indicaron que la denuncia y la acusación particular no fueron legalizadas por
Ayala y que ellos no habían cometido el delito de estafa porque no hubo engaños para
hacerse entregar el dinero. Asimismo, al igual que Matheus, presentaron certificados de no
haber sido sentenciados anteriormente por causa penal alguna y añadían que Martín Ayala
(el hermano que sobrevivió al atentado del 10 de abril) les había manifestado que él,
como hermano del occiso, y que los demás familiares no seguirían impulsando la causa.
El pasado 18 de abril, la abogada de los Ayala presentó un escrito en el que se
ratificaba esa decisión. (AA/VG)
PUNTO DE VISTA
El sicariato, un signo del incremento del nivel de violencia en el país
El asesinato del ex odontólogo de la selección ecuatoriana de fútbol, Luis Ayala, el
pasado 10 de abril a manos de dos sujetos que le dispararon en 10 ocasiones desde una
motocicleta, rebasa el ámbito de la simple crónica periodística.
Las circunstancias del hecho: que los victimarios se hayan acercado en una motocicleta,
que le hayan disparado a quemarropa y que no se sustrajeran ningún objeto de valor
prefiguran que se trata de un caso de sicariato.
El hecho preocupa no solo por la tragedia en sí misma, sino por la reiteración de
sucesos en los que aparecen involucrados personajes que parecen ser asesinos a sueldo.
Y preocupa, además, porque la presencia de este tipo de delincuencia resultaba, hasta
hace relativamente poco tiempo, totalmente extraña a nuestro desenvolvimiento social.
La presencia de sicarios se asumía como propia, más bien, de países con una historia en
que la violencia se había enraizado.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, hechos como el narrado en esta edición de BLANCO
Y NEGRO, en los que parecería que el móvil de un crimen está relacionado con la
venganza o un ajuste de cuentas, se tornan cada vez más comunes, lo que denota un aumento
de la violencia en el país.
No en vano un reportaje de este mismo Diario daba cuenta, hace unas semanas, de la
colocación de anuncios en la Internet, en los que se ofrecen sicarios para realizar
''trabajos'' en el Ecuador. (LAG).
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