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Cuando parecía que Porta
no iba más en el país, las riendas de la negociación las tomó Correa y el acuerdo se
'cocinó'
Negocios de la telefonía
móvil se cierran en Carondelet
El acuerdo con
Movistar superó en $2 millones las previsiones; el de Porta fue $26 millones menos de lo
esperado
El presidente Rafael Correa y el presidente de
Telefónica (Movistar), César Alierta, cerraron el acuerdo de renovación de la
concesión el pasado 17 de abril
Con un apretón de manos, el presidente Rafael Correa y el presidente ejecutivo mundial de
Telefónica de España (Movistar), César Alierta, sellaron la renovación del permiso de
operación del servicio de telefonía móvil por otros 15 años en el país. Esto ocurrió
el pasado 17 de abril en el Palacio de Gobierno.
El presidente estuvo de plácemes, pues la oferta de Movistar superaba las previsiones
respecto al mínimo esperado por el Gobierno.
El Consejo Nacional y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Conatel y Senatel,
respectivamente) estimaron el valor de la concesión en $206,73 millones, no obstante, el
acuerdo se cerró en $208,28 millones, es decir $2 millones por encima de lo previsto,
equivalentes al 0,75% más que el mínimo esperado por Senatel.
El presidente dijo que se había negociado con base a un modelo técnicamente hecho, en
términos muy transparentes, muy claros “y, comparativamente a lo que se hizo hace 15
años, tremendamente beneficioso para el país”.
El acuerdo con América Movil (Portacelular) también se cerró en el Palacio de Gobierno.
Esto se produjo el 5 de mayo pasado, luego de una reunión con Daniel Hajj, yerno y
vicepresidente de la compañía, cuyo propietario es el mexicano Carlos Slim, considerado
el hombre más rico del mundo.
Según documentos obtenidos por BLANCO Y NEGRO, el Conatel y la Senatel valoraron la
concesión de Porta en $506 millones, pero la empresa ofertó $273,79 millones, lo cual no
fue aceptado por esos organismos, que decidieron dar por terminada la negociación e
iniciar el proceso de reversión del contrato a favor del Estado.
Cuando parecía que no había nada más que hablar, llegó el yerno de Slim, subió la
oferta a $480 millones y el Gobierno la aceptó. En este caso, la diferencia fue de $26
millones a favor de la concesionaria.
Ambas concesiones suman un total de $688,28 millones, de ahí que el presidente se mostró
complacido en la cadena sabatina del 10 de mayo anterior, cuando dijo que el Ecuador
obtuvo el 100% de lo que se había propuesto en la negociación.
Los primeros contratos se firmaron con Conecel (Porta) y Otecel (entonces era Bell South)
en agosto y noviembre de 1993, respectivamente.
Cada operadora pagó cerca de $30 millones y se comprometió a pagar un porcentaje de los
ingresos por los 15 años de vigencia de los contratos. En 1996, en el Gobierno de Abdalá
Bucaram, las partes acordaron modificar los contratos y se trajo a valor presente (de la
época) los valores que el Estado proyectaba recibir durante la concesión. Las operadoras
pagaron alrededor de $50 millones y quedaron liberadas de cualquier pago futuro. (AA)
El secretario de la Administración,
Vinicio Alvarado (segundo desde la izq.) y el vicepresidente de América Móvil (dcha.),
Daniel Hajj, negociaron la concesión
El proceso tiene cinco años de retraso
Los contratos de Conecel (Porta) y Otecel (Movistar) y el reglamento de Servicios de
Telefonía Móvil Celular (STMC) establecen que la explotación del servicio tendrá una
duración de hasta 15 años y que la renovación deberá negociarse en el año n.º 10;
por tanto esto, debió cumplirse en 2003.
Durante la administración de Lucio Gutiérrez, el Conatel inició las negociaciones, pero
no se documentó debidamente el proceso. Para enero de 2005, el organismo aprobó las
bases del concurso de méritos para seleccionar una banca de inversión para la
valoración de la concesión y en abril de ese año se suspendieron las conversaciones con
las operadoras.
En el Gobierno de Alfredo Palacio, entre julio y diciembre de 2005, se recopiló
información y se planificó el reinicio de la negociación. (SR/AA)
Por ahora solo hay dos acuerdos
verbales sobre las valoraciones
Las posiciones de
las partes sobre los planes de expansión, indicadores de calidad, seguridad jurídica,
penalidades... todavía son distantes
En la negociación de los contratos de telefonía celular con el Estado rige el principio
de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es decir que por el
momento solo hay acuerdos verbales sobre la valoración de las concesiones.
Para llegar a la firma de los contratos, todavía falta negociar los planes de expansión,
las tarifas, los indicadores de calidad, el tema de la seguridad jurídica, las sanciones,
la determinación de las penalidades pecuniarias, entre otros aspectos que deberán
convertirse en anexos de los contratos principales.
Fuentes de las operadoras celulares señalaron que por ahora la propuesta del Estado en
estos aspectos no les conviene, es decir que aún debe pasar algún tiempo para que las
partes lleguen a un acuerdo total.
El actual contrato con Porta vence en agosto de este año, y el de Movistar, en noviembre,
por lo que este momento “la pelota está en la cancha del Estado”, ya que hasta
entonces deberán estar firmadas las concesiones.
En el proceso seguido hasta los acuerdos verbales con Correa, hubo poca difusión de los
avances de las negociaciones y no se publicaron en la web del Conatel los borradores de
los contratos. (AA/SR)
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