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El secretario general de la Asociación Latinoamericana
de Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra, anuncia que hoy presentará dos quejas en
la Fiscalía. La primera para que se retire la orden de arraigo impuesta a Doris
Bohórquez y Martha Pérez y la otra en contra del fiscal que ordenó “un acto
equivocado”
ALDHU anuncia acciones contra el
fiscal que dictó la orden y para dejar sin efecto la medida
Desde el inicio, la Aldhu asumió la defensa
de las tres mujeres y reclamó para ellas el estatus de testigos protegidos y de cargo,
luego de que ellas denunciaran que los militares colombianos remataron a los guerrilleros
heridos, desarmados y rendidos, “lo que constituye un crimen de guerra pesquisable
por la Corte Penal Internacional”, dice Parra. Por ese motivo, la organización ha
presentado una denuncia en la Fiscalía contra quienes realizaron el ataque.
Al ser consideradas testigos de cargo y “porque tememos que en el Ecuador pueda
atentarse contra sus vidas”, la Aldhu gestionó ante el Gobierno de Nicaragua y
obtuvo la protección diplomática para las tres sobrevivientes, añade Parra.
Hasta antes de conocerse sobre la orden de arraigo, el trámite de salida iba sobre ruedas
y solo se esperaban algunos pequeños trámites en la Fiscalía para la salida de las dos
colombianas que se hallan en el país, más aún cuando el fiscal general, Washington
Pesántez ha sostenido que ellas no han cometido ningún delito en el Ecuador, luego de
haber receptado sus versiones en el marco de la indagación previa.
Parra mantiene la misma convicción de Pesántez y agrega que las colombianas son
víctimas por partida doble: del bombardeo y de haber sido abandonadas en su condición de
heridas, así como de las FARC porque las mantenían retenidas en contra de su voluntad.
El secretario de la Aldhu, cuestiona el video exhibido hace dos semanas por el Ministerio
de Defensa, en el que Lucía Morett reconocería haberse entrevistado con “Raúl
Reyes”, porque considera que se trata de una declaración obtenida en forma
ilegítima, “cuando ella estaba herida y bajo extorsión”.
Así las cosas, Parra asegura que la única declaración “verdadera” es aquella
que dio al fiscal Pesántez, a quien le aseguró que no conoció a “Raúl
Reyes”. (VG/AA)
Una 'cura en salud' con declaración notariada
Parra sostiene que existe un documento notarizado en el que Lucía Morett afirma que las
declaraciones realizadas en Sucumbíos ante los militares ecuatorianos fueron obtenidas
bajo la amenaza de abandonarla sin curarle las heridas. "Esta declaración jurada la
hizo mucho antes de la exhibición del video" por parte del Ministerio de Defensa.
Añade que ha pedido una investigación "porque se las obtuvo de modo
delictivo". (VG)
'El Ecuador tiene que respetar los tratados'
Según Aguilar, Nicaragua confirma que
hay delito, pero de carácter político'
El penalista Ramiro Aguilar señaló que por encima de las consideraciones de normativa
interna se hallan los tratados internacionales de los que el Ecuador es signatario y por
eso está obligado a respetarlos.
Uno de esos tratados garantiza el asilo político y el momento en que Nicaragua lo ha
concedido, el Gobierno tiene la obligación de autorizar la salida de quienes lo han
pedido.
Aguilar sostuvo que las tres sobrevivientes de Angostura “son delincuentes, pero el
delito por el que se les persigue es político” y así lo ha reconocido Nicaragua al
concederles el asilo, “pues este no se lo otorga a un testigo sino a quien ha
cometido un delito político”, puntualizó.
El penalista confirmó que podrían ser juzgadas de comprobarse el delito de terrorismo
(el proceso se suspende en ausencia) cometido en el Ecuador, pero esto se convierte
“en una insignificancia jurídica” ante el derecho de asilo que prevalece sobre
la ley nacional”. (SR)
PUNTO DE VISTA
La investigación de la Fiscalía ecuatoriana sobre el ataque colombiano deja más dudas
que respuestas
El ataque del Ejército colombiano a una base guerrillera de las FARC, instalada en suelo
ecuatoriano, ha desatado un conflicto regional sin precedentes, con la intervención del
Ecuador, como país agredido, Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Colombia.
Tres personas sobrevivieron al ataque, las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, y
la mexicana Lucía Morett, defendidas con tenacidad por la Aldhu.
Las colombianas, según revela BLANCO Y NEGRO, declararon que las llevaron para hacer
tareas domésticas y que estaban lejos del mando, es decir, de "“Raúl
Reyes”'. Mientras que la mexicana ha declarado que conoció a "“Reyes"
en un interrogatorio de militares ecuatorianos, para luego no verlo más, en declaración
ante el fiscal Washington Pesántez.
Las colombianas que denunciaron que las FARC las ataban a un árbol con una soga ya tienen
orden de arraigo y se les ha prohibido salir del país, al mismo tiempo que el Gobierno de
Rafael Correa amenazó con denunciar a Colombia por las ejecuciones. Mientras que la
mexicana fue llevada a Nicaragua bajo el estatus de asilada, después de hacer una intensa
campaña mediática, donde denunciaba acoso sexual, ejecuciones y de hablar de su afán
por "conocer la cultura de esta parte del planeta"
El Gobierno hizo bien en denunciar la violación de la soberanía ecuatoriana con tanta
fuerza, pero esa no solo fue violada por el Ejército colombiano sino también por las
FARC. Y por eso es inconcebible que una testigo clave como Morett haya recibido el
tratamiento de heroína, con la ayuda de la Aldhu y se haya ido del país sin responder
nada. (JT)
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