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En 2004, la Policía canjeó pacíficamente a 97
miembros de las juntas de defensa de Guano (foto) por una funcionaria de la Fiscalía de
Chimborazo secuestrada
Su presidente, Raúl Bayas, pasó de
la cárcel a ser candidato a la Asamblea Constituyente
Con el argumento del “derecho
consuetudinario”, a mediados de la década de 1960, durante la Junta Militar, se
crearon las juntas de defensa del campesinado en algunas zonas de la provincia de
Tungurahua.
Según la revista Ecuador debate n.º69, su origen estuvo motivado en la lucha contra el
abigeato, delito rural que afectaba a pequeños y medianos campesinos. Entre 1980 y 1990,
la organización se expandió a las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Los
Ríos y se convirtió en la Confederación Nacional de Juntas de Defensa del Campesinado.
Con el reconocimiento de la justicia indígena, las juntas pasaron a intervenir y dirimir
en conflictos que debían ventilarse en el plano judicial. “Esto ocurrió también
con la paralela decadencia de la autoridad de los tenientes políticos en las parroquias
rurales”, sostiene la publicación. En la actualidad las juntas actúan en otro tipo
de conflictos, desde familiares hasta el cobro de deudas. Uno de ellos tiene su base en
Quero (Tungurahua) y lo preside el agricultor Raúl Bayas.
En 2004, BLANCO Y NEGRO recogió una declaración del jurista especializado en temas
indígenas Pablo Sarzosa, quien sostenía que estas organizaciones no tienen nada que ver
con la justicia indígena que propugna el Artículo 191 de la Constitución. “Esto es
ejercer, con el poder físico, un servicio de justicia privada bajo la amenaza, la
coerción y la violencia”, decía.
A su vez, el director de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dinapín),
adscrita a la Defensoría del Pueblo, Luis Andrango, señalaba: “Hay una
tergiversación de los derechos colectivos de los indígenas. Las juntas campesinas se
salen de la Ley y, con cierta complicidad, quizá por temor, las autoridades cumplen con
lo que ellos dicen”.
En 2006, Bayas estuvo detenido por plagio y hubo un juicio. Al salir de la cárcel fue
candidato a asambleísta por el Movimiento Honradez Nacional (MHON) de Ximena Bohórquez.
(VG/AA)
Cholango: 'Nosotros no matamos a las personas'
El dirigente sostiene que en eso
radica la diferencia 'con los grupos externos a la cultura indígena'
El presidente de la Ecuarunari, Humberto Cholango, manifiesta que el linchamiento no
existe en la cultura de los pueblos indígenas.
“En nuestras comunidades no se concibe matar a alguien, porque eso constituye una
violación a los derechos humanos”, dice el dirigente, al señalar que en eso radica
la diferencia con “otros grupos externos a la cultura indígena”.
Cholango refiere que los castigos se dan frente a la comunidad y consisten en el baño con
agua fría y el ortigamiento. “También usamos el látigo, pero de vez en cuando y
sin llegar a cometer excesos”, agrega.
Por su parte, el sociólogo Hernán Reyes, sostiene que cuando los indígenas administran
justicia no matan a los supuestos delincuentes, “en cambio los mestizos sí lo hacen
en la llamada justicia por mano propia”. (VG/SR)
PUNTO DE VISTA
El linchamiento no se justifica
En los últimos 14 años, en el Ecuador se han presentado 318 casos de linchamientos, en
los cuales han muerto 153 personas.
El alto índice delictivo que existe a escala nacional, la falta de acción de la Policía
y la impunidad son los factores en los que los pobladores se cobijan para hacer
"justicia por mano propia".
En 2005 se presentaron 2121 denuncias por homicidios y asesinatos en la Policía Judicial
en todo el país, un promedio de 5,89 acusaciones por día; en 2006 aumentó a 2 385, es
decir, un promedio diario de 6,63; y la tendencia se mantuvo en 2007 con un promedio de
6,31 acusaciones al día, lo que hizo que el balance de ese año se cierre con 2 273
denuncias.
Pero el repunte de la delincuencia -que se refleja en las estadísticas- no es
justificativo para los ajusticiamientos, ya que, al igual que los delincuentes, los
autores de los linchamientos están cometiendo un delito contra la vida y atentando contra
los derechos humanos de los presuntos delincuentes.
Se corre el riesgo de que las ejecuciones se conviertan en una práctica común -en 2008
se han presentado cuatro-, por lo que es urgente que el propio sistema judicial revise los
mecanismos para impartir justicia y evitar que la desconfianza en las autoridades vaya en
aumento.
La Policía también debe reflexionar y reconocer las falencias que tiene, afrontarlas y
solucionarlas, para que el 21% de los ecuatorianos que no cree en la institución y el 34%
que cree poco -según una encuesta de la Subsecretaría de Seguridad publicada por El
Universo- tengan la certeza de que cuando es víctima de los delincuentes tienen adonde
recurrir para hacer prevalecer su derecho a la seguridad y tranquilidad. (MEC)
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