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“Solo el Instituto decide cómo y a quién otorgar
el crédito, nosotros somos el habilitante operativo y tecnológico que decimos: todos los
papeles están en regla, la hipoteca está hecha, hemos realizado el avalúo, corresponde
a lo que usted (IESS) exige y, como tal, usted puede desembolsar el préstamo”
El gerente de Tatasolution, Gonzalo
Pozo, dice que son socios estratégicos del IESS
Al comentar el escándalo de corrupción en el
que está involucrada la compañía Tata de Chile, el gerente general de Tatasolution
Center, Gonzalo, Pozo Crespo, manifestó que “a veces surgen cierto tipo de noticias
o problemas”, e indicó que el lío se habría dado por un reclamo de empresas
competidoras que no obtuvieron el contrato para la plataforma tecnológica del Registro
Civil de ese país.
El gerente dijo que, en el Ecuador, Tata es un “socio estratégico” del IESS, y
espera la llegada de miles de solicitudes de créditos hipotecarios, pues la compañía
cobra por cada caso terminado, es decir por cada préstamo concedido.
Pozo destacó que solo el Instituto decide cómo y a quién otorgar el crédito. Mientras,
Tata “es el ente operativo y tecnológico” que se encarga de revisar que todos
los documentos de los postulantes estén en regla, realiza los avalúos, los trámites
hipotecarios y le informa al IESS sobre los procesos para que pueda desembolsar los
recursos. Este trabajo se realiza desde el pasado 28 de marzo, cuando el Instituto abrió
el proceso de inscripciones para los afiliados y jubilados.
El funcionario añadió que los plazos promedio entre la aprobación y estructuración del
proceso (avalúo e hipoteca) pueden ser de alrededor de 45 días.
Sobre la gestión de cobranzas por mora, señaló que el monto dependerá de los
parámetros de aprobación de cada crédito. En todo caso, “el IESS es quien tiene
los fondos, cómo los va a desembolsar es asunto de ellos, ahí no entramos
nosotros”, indica el representante de Tata.
Aunque se trata de un subcontrato de servicios para el Instituto, Pozo sostiene que esta
figura no tiene nada que ver con una función de tercerización. “Este es un servicio
especializado de tecnología y procesos que se complementa con el manejo de dinero y el
retorno del beneficio al afiliado”, afirma. Además, Tata presta servicios a empresas
privadas y públicas, entre estas últimas se cuentan las Fuerzas Armadas (banco
Rumiñahui), telecomunicaciones y energía.
El gerente refirió que, actualmente, la empresa trabaja con 30 personas, una parte de las
cuales labora (como apoyo) en el área tecnológica del Instituto de Seguridad Social;
otro grupo se encuentra en el call center, ubicado al norte de Quito.
Hasta la actualidad, el Instituto ha pre calificado 1 610 carpetas de aspirantes a obtener
créditos hipotecarios, de los cuales 75 se hallan en proceso de análisis por parte de
Tata, 1 456 están en lista de espera y 78 desistieron de continuar con los trámites.
Según Pozo, esto último puede ocurrir porque los afiliados o jubilados deben reunir toda
la documentación requerida luego de que son pre calificados por el Instituto, y “ese
no es un trabajo sencillo, puede que haya personas que tengan todo en regla y otras que
no”. (VG)
Comisión compara todos los aspectos de las ofertas
Un total de 18 compañías compraron
las bases del concurso; solo dos de ellas presentaron propuestas
Solo la Mutualista Pichincha y la compañía Tata presentaron ofertas, de las 18 que
compraron las bases del concurso.
Las propuestas fueron analizadas por una subcomisión de adjudicación, integrada por el
delegado del Directorio de Inversiones, Vinicio Jácome; la delegada de la Procuraduría
General del IESS, Patricia Guzmán; el delegado de Desarrollo Institucional, Byron
Proaño; y, por el delegado de la Dirección de Riesgos, Álvaro Jaramillo.
La subcomisión comparó los aspectos legales de las propuestas, los indicadores
financieros, los componentes técnico y funcional, la metodología y plan de trabajo
tecnológico. También analizó las hojas de vida de los gerentes de operaciones y de
tecnología, los precios, las propuestas técnicas y la cantidad anual de operaciones.
(AA)
Califican de 'aceptables'
pedidos fuera de las bases
Tata requirió que el IESS garantice 5
000 operaciones anuales de crédito y la entrega de un anticipo trimestral
Tata requirió que el IESS garantice 5 000 operaciones anuales de crédito y la entrega de
un anticipo trimestral
Apesar de que la compañía Tata presentó en la oferta dos condicionamientos que no
constaban en las bases, la subcomisión evaluadora los calificó de
“aceptables”.
En primer lugar, Tata pidió que el IESS garantice un mínimo de 5 000 operaciones anuales
de concesión y administración de créditos. “Dicho requerimiento es aceptable si se
toma en cuenta toda la inversión en infraestructura tecnológica y operativa que deberá
implementar la empresa”, señaló la subcomisión.
El pedido de un anticipo trimestral por parte del IESS también fue calificado de
“aceptable”, por la inversión anotada.
Sobre la garantía de un mínimo anual de 5 000 operaciones, Ponce dijo que no se
estableció ningún límite en el contrato. (AA/VG)
PUNTO DE VISTA
Hay que aprender de las experiencias
La credibilidad de la multinacional india Tata Consultancy Services que opera en Chile
está en duda luego que la Fiscalía de ese país inició una investigación por presuntas
anomalías en la licitación de un contrato valorado en $80 millones para la plataforma de
información del Registro Civil.
Este grupo indio opera en el Ecuador a través de la empresa Tatasolution Center. Sin
embargo, las autoridades ecuatorianas no se han inmutado y menos inquietado ante las
denuncias.
Esta compañía fue contratada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
para la concesión y administración de los préstamos hipotecarios.
En los próximos meses, el dinero que al menos 5 mil afiliados pagarán mensualmente por
los préstamos hipotecarios estará en las arcas de esta empresa, la cual no fue
investigada por el IESS y, a criterio del director de la institución, Héctor Egüez, no
se la puede "juzgar por lo que ha hecho en otros países".
Si estos antecedentes no hacen saltar las alarmas de los directivos del IESS, los
organismos de control están obligados a investigar a la empresa que manejará parte de
los recursos de la seguridad social de los ecuatorianos, que de no llegar a sus cuentas
podría poner en riesgo la solvencia de la entidad.
El IESS debe garantizar a sus afiliados la transparencia de la empresa para que no exista
desconfianza sobre la labor que está realizando.
Este presunto lío de corrupción vuelve a ser un claro ejemplo de la urgencia de que la
Asamblea Nacional reforme la Ley de Contratación Pública vigente -existe un proyecto en
manos de los asambleístas-.
Se deben establecer normas que obliguen a las empresas nacionales y extranjeras a cumplir
con estándares de calidad internacional que eviten perjuicios al Estado ecuatoriano.
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