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Un ex integrante del Directorio conmina a jueces a revisar las actas y las grabaciones
Walter Luna dirigente de los trabajadores de Gupán,
dice que Luis Carpio es 'juez y parte' en el caso
El actual secretario del Comité de Empresa de
Guapán, Walter Luna, señala que los ex gerentes tenían derecho a beneficios de
carácter social, pero no de orden económico.
El dirigente sostiene que la extensión de los beneficios de la contratación colectiva
dispuesta por la Junta de Accionistas alude a “beneficios comunes, como la canasta
navideña que reciben anualmente los trabajadores”.
En cuanto a los beneficios económicos, Luna señala que los gerentes de la empresa se
hallan amparados por normas legales diferentes a las establecidas por el Código de
Trabajo para los trabajadores.
Sobre la demanda de Luis Carpio, el secretario del Comité de Empresa dice que hay un
conflicto de intereses, ya que “él negoció el 16.º contrato colectivo y ahora
reclama los beneficios contenidos en ese documento, así se convierte en juez y
parte”.
En relación a la Junta de Accionistas de diciembre de 1995, Luna señala que el entonces
representante del Banco Nacional de Fomento (BNF), Galo Lara, ha manifestado que no hubo
la intención de otorgar a Carpio los beneficios económicos del contrato colectivo, al
punto que el entonces presidente del Directorio, Raúl Zapater, condicionó la resolución
a la presentación de un informe por parte de los comisarios, cosa que nunca ocurrió.
El dirigente también entrega a BLANCO Y NEGRO la copia de una comunicación presentada
por Lara, en la que consta: “no es verdad que la Junta de diciembre de 1995 haya
aprobado que el gerente y el auditor interno de ese entonces sean considerados como
amparados por el contrato colectivo”. En la misiva, el ex integrante del Directorio
asegura que así consta en las actas y en las grabaciones de la indicada sesión, las
cuales reposan en los archivos de la empresa y podrían servir como aporte para la defensa
de Guapán.
Por ese motivo, el dirigente de los trabajadores considera que deberían ser llamadas a
declarar todas las personas que estuvieron presentes en la referida Junta General de
Accionistas.
Según Luna, de concretarse el pago de la liquidación de Luis Carpio, se afectarían en
15% las utilidades de los trabajadores.
Para finalizar, manifiesta que no debió ser acogida la casación planteada por el ex
gerente, porque al cobrar los más de $70 mil, se ejecutorió la sentencia. (SR)
Carpio logra embargar tres
cuentas de la cementera
El nuevo abogado de la empresa,
Caupolicán Ochoa, inició una contraofensiva legal y planteó siete juicios
Para asegurarse el pago de los $978 650
fijados por el perito Efraín Vásquez, el ex gerente Luis Carpio solicitó y consiguió
el embargo de tres cuentas la empresa Guapán en los bancos Pichincha, Austro y
Bolivariano. Así se incautó de $141 mil.
Ante esa situación, el pasado 18 de febrero, el actual gerente, Byron Sacoto, firmó un
acta transaccional con Carpio en la que se comprometió a pagarle la liquidación en tres
cuotas de $326 216,76, el 18 de marzo, el 18 de abril y el 18 de mayo de este año,
respectivamente.
Estos desembolsos no llegaron a efectuarse, porque lo impidió el nuevo defensor de
Guapán, Caupolicán Ochoa, quien ha iniciado una contraofensiva legal para dejar sin
efecto todo lo actuado hasta el momento.
Ochoa recusó al juez Teodoro Verdugo y el caso fue aceptado por el juez 5º. de lo Civil
de Azogues, y presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura. También puso un
juicio penal contra el perito Vásquez, otro a los magistrados de la Primera Sala de lo
Penal de la CSJ por prevaricato, además de un juicio colusorio contra Carpio, el perito y
el juez Verdugo.
Además ha planteado dos acciones de nulidad al fallo y otra para que Carpio devuelva los
$141 mil incautados. (SR)
PUNTO DE VISTA
Millonario desembolso de las arcas del
Estado
El presente informe de BLANCO Y NEGRO es una clara muestra de cómo la justicia en muchas
ocasiones sirve a unos pocos y cómo los artilugios legales y el sindicalismo se consumen
recursos del Estado, es decir, de los ecuatorianos.
Los hermanos Luis y Jaime Carpio, quienes fueron gerentes de la cementera Guapán, están
inmersos en un proceso legal en el que exigen una millonaria indemnización por -alegan-
haber sido removidos de sus cargos antes de tiempo.
El uno ya tiene a su favor cerca de $1 millón por indemnización, y el segundo se avizora
que recibirá hasta $2 millones, cifras que no se justifica que estén en manos de solo
dos personas.
Pero más allá de ello, lo escandaloso del caso es el procedimiento que se ha seguido
para lograr que los hermanos Carpio puedan acceder a semejante suma, que, en última
instancia, saldrá del bolsillo del Estado, pues la empresa Guapán pertenece al IESS y al
Banco de Fomento.
En primer lugar, está un contrato colectivo que otorga excesivas prebendas a sus
empleados. Pero el problema allí es que, en el caso de Luis Carpio, él fue juez y parte,
pues, como gerente de la empresa, negoció el 16.º contrato colectivo y ahora reclama los
beneficios contenidos en ese documento. Además, el contrato colectivo en un principio
solo debía favorecer a los empleados, no a sus autoridades. También allí se pasó por
alto un procedimiento exigido por el entonces presidente del directorio del IESS, Raúl
Zapater, quien condicionó una resolución a la presentación de un informe por parte de
los comisarios, cosa que nunca ocurrió.
En el procedimiento también hubo uno de esos recurrentes "descuidos" de la
Justicia, que, por ejemplo, cambió de perito a última hora porque el anterior, que
presentó un informe que establecía una indemnización mucho menor, no había prestado
juramento. (PBM)
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