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En octubre de 2007 se enviaron a los EEUU documentos sobre el juicio plenario
Depositantes de Filanbanco buscan información sobre
sus depósitos en las afueras de una de las agencias de Quito, a mediados de 2001
Entre septiembre de 2000 y septiembre de 2007,
al Departamento de Estado de los EEUU únicamente habían llegado la traducción de la
providencia de extradición expedida por el ex presidente de la CSJ Galo Pico Mantilla (22
de septiembre de 2000), la excitación fiscal de la ex ministra Mariana Yépez, las
órdenes de prisión dictadas en contra de los hermanos Isaías, informes de la
Superintendencia de Bancos y de otras instituciones, entre otros documentos.
Sin embargo, durante todo este tiempo no se había enviado la providencia del ex
presidente de la Corte Suprema Armando Bermeo, del 19 de marzo de 2003, con el auto de
llamamiento a juicio plenario. Esto se desprende de los listados (ver página 2) de la
propia CSJ y de la Cancillería, que detallan el envío de documentos entre 2000 y 2002 y
no mencionan nada entre 2003 y octubre de 2007.
Según fuentes de la Corte, a los EEUU se enviaban los documentos que pedían las
autoridades de ese país, nada más.
Esto, a pesar de que en el Gobierno de Lucio Gutiérrez llegó un grupo de fiscales
estadounidenses para estudiar el caso y ayudar a las autoridades nacionales a superar las
insuficiencias de la solicitud de extradición y elaborar los documentos faltantes para
ajustarse a las exigencias de ese país.
Recién hace cinco meses, la CSJ envió a la Cancillería 270 páginas en español y 158
en inglés, con piezas procesales del juicio, que actualmente tiene más de 26 mil
páginas, a instancias del funcionario de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, Gustavo Amador.
En la Fiscalía explicaron que el proceso de extradición es un trámite diferente, por lo
que no es necesario enviar las cerca de 30 mil hojas, pero que algunas partes importantes
debieron haberse remitido a los EEUU, como pruebas de sustento.
Esto lo corrobora un pedido de los funcionarios del Departamento de Estado y del
Departamento de Justicia, que asistieron a la videoconferencia del pasado 8 de febrero,
con el fin de analizar la situación del proceso de extradición.
Ese día insistieron en que era imprescindible contar con todos los antecedentes y partes
del juicio de peculado bancario, que fundamentaron el auto de llamamiento a juicio
plenario, dictado por Armando Bermeo hace cinco años, según conoció BLANCO Y NEGRO al
contrastar varias fuentes, que pidieron no revelar sus nombres por lo delicado del tema.
(VG/AA)
'En 2004, EEUU indican que
solicitud tenía deficiencias'
Una nota diplomática de mayo del año
pasado señalaba que no habían recibido información adicional
La Presidencia de la República reactivó la
extradición luego de recibir la notificación del Gobierno de los EEUU en el sentido de
que no había recibido ninguna información adicional sobre el pedido.
Esto lo hizo mediante una nota diplomática enviada a la Cancillería el 30 de mayo de
2007. Esa fue la respuesta a una nota del Ecuador en la que requería “la resolución
expedita de la solicitud de extradición de Roberto y William Isaías”.
Asimismo, el Gobierno estadounidense señalaba que era necesario contar con información
adicional antes de que el pedido pudiera ser considerado, pues el pedido realizado en
septiembre de 2000 tenía “ciertas deficiencias”.
Añadía que así lo había informado al Gobierno del Ecuador en noviembre de 2004. (AA)
'Llaman a audiencia de
estrados para el 4 de abril'
El juicio por peculado bancario está en
manos de los conjueces de la 1.ª Sala de lo Penal de la Corte Suprema
Los conjueces de la 1.ª Sala de lo Penal de
la Corte Suprema, Máximo Ortega, Jorge Pallares y Eduardo Tapia, convocaron a dos
audiencias de estrados. Allí se ventila el juicio por peculado bancario.
La primera se efectuó el pasado 12 de marzo, por pedido de Alberto Wray, abogado del ex
presidente del Directorio del Banco Central Luis Jácome, implicado en el caso.
La segunda tendrá lugar el próximo 4 de abril, y fue pedida por Walter Guerrero,
defensor de los ex directivos de Filanbanco, Roberto y William Isaías. Hace cinco años,
la defensa planteó un recurso de apelación al auto de llamamiento a juicio plenario por
peculado bancario, que fuera dictado por el ex presidente de la CSJ Armando Bermeo
Castillo el 19 de marzo de 2003. (AA/VG)
PUNTO DE VISTA
Justicia que tarda...
La justicia que tarda no es justicia, dice un adagio. Y ese parece ser el axioma a aplicar
en el caso "Filanbanco".
La Fiscalía investiga una supuesta pérdida de documentos del caso. La Cancillería y la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen distintas versiones sobre el número de páginas
del proceso de extradición de los ex directivos de Filanbanco, Roberto y William Isaías,
enviadas a los Estados Unidos. En tanto, el fiscal general, Washington Pesántez,
denunció la pérdida de más de 1 000 páginas del expediente.
Esa desaparición explicaría el incumplimiento de los requisitos determinados por la
administración estadounidense para considerar la extradición de los acusados en el caso
"Isaías", que se ha dilatado por más de cinco años, a lo largo de los
sucesivos gobiernos.
¿Los documentos se extraviaron en la Cancillería, en la CSJ, en la Fiscalía? Son
preguntas que nadie ha podido responder aún. Llama la atención también que en todo este
tiempo a nuestras autoridades de la Justicia, del Gobierno... no les preocupara la
paralización del trámite de extradición, como si nadie se hubiese percatado que faltaba
más de un millar de documentos.
La evidente ineficaz acción pública en esa insólita desaparición de expedientes
evidencia un juego de intereses cuyo fin, al parecer, es evitar que actúe la justicia.
Así se mantiene en la impunidad uno de los casos más escandalosos, que costó al país
más de $1 200 millones, como una parte del salvamento bancario, que en total sumó cerca
de $8 000 millones.
Por ello, la acción de la Fiscalía que investiga ahora el caso tiene no solo que mostrar
agilidad para esclarecer las responsabilidades en la interesada desaparición de los
folios, sino exigir de una vez por todas que se envíe a los EEUU la documentación
completa para la extradición, un proceso judicial ya de por sí sinuoso. (PBM)
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