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La notificación del TC, con la resolución del caso, nunca llegó al casillero del
defensor
El abogado Diego Delgado Jara señaló que él
empezó el proceso judicial y lo llevó durante cuatro años. Al mismo tiempo, entregó
una carpeta de documentos, en la que constan las demandas presentadas con el argumento
central de que Petroecuador debía haber pagado las horas extras con el factor 1/160.
“Durante todo este tiempo yo presenté todos los escritos que desembocaron en la
resolución favorable de la segunda sala del TC, no lo hizo ningún otro abogado”,
indicó.
Además mostró el contrato firmado con John Plaza en septiembre de 2003, en el que consta
su honorario del 12% del monto a recuperarse, a condición de ganar el caso.
Delgado aseguró que no acostumbra a cobrar honorarios cuando se trata de defender a
trabajadores, pero en este caso hizo una excepción porque el sindicato de Petroecuador
apoyó a Lucio Gutiérrez en la campaña de 2002. “Si es que tenían plata para eso,
bien podían pagarme el 12%”, acotó.
Pese a que fue el autor de todos los escritos y de las argumentaciones jurídicas que, en
su criterio, convencieron a los miembros de la segunda sala del TC, la notificación de la
resolución final nunca llegó a su casillero judicial, manifestó.
Entre una serie de menciones al Código de Trabajo, de la Constitución y del Derecho
Laboral, en los alegatos consta aquella sobre una jurisprudencia por la resolución del
Pleno del TC dictada en 2002 a favor de la Cetrapín, en la que fue ponente el entonces
vocal de ese organismo Hernán Rivadeneira.
Además, Delgado dijo estar convencido de que las autoridades de Petroecuador obraron
injustamente durante mucho tiempo y dejaron acumular el diferencial de las horas extras.
El viernes pasado, este abogado azuayo que fue varias veces diputado por el Partido
Socialista y que en la época del febrescorderismo recibió una golpiza que lo mandó al
hospital por largo tiempo, entregó a BLANCO Y NEGRO una copia de la demanda que
presentará en contra del secretario general de la Cetape, John Plaza, por no haberle
pagado los honorarios.
Aunque sin una demanda de por medio y por cuerda separada, el abogado Marco Erazo también
solicitó a Plaza el pago de sus servicios profesionales. El 2 de octubre, mediante una
carta, pidió que se descuente de cada una de las liquidaciones que recibirán los
trabajadores, “sean o no afiliados al Comité de Empresa, el valor equivalente al 13%
del monto a percibir más el IVA, por concepto de honorarios profesionales...”
Tras una autorización del Ministerio de Trabajo, Petroecuador proporcionó los recursos
para pagarles. (SR/AA)
No todos apoyan la
forma de pago acordada por Plaza
El funcionario Cadena cuestiona el 13% para el abogado Erazo, quien habría presentado
un solo escrito, afirma
El 31 de octubre pasado, el presidente de la
Cetape, John Plaza pidió al procurador de Petroecuador, Marcelo Reyes, ayuda para cumplir
con el pago de los contratos de servicios profesionales de los defensores: el 13% para
“el grupo de abogados encabezado por Hernán Rivadeneira y Marco Erazo”, y el
12% para Delgado.
Esto implicaba el descuento de un 25% de las liquidaciones que recibirían los
trabajadores, por el diferencial de las horas extras, y motivó el malestar de algunos
empleados.
Así, para el 19 de noviembre pasado, el funcionario de la Gerencia de Oleoducto, Eduardo
Cadena, envió una carta al entonces presidente de la estatal, Carlos Pareja, en la que
señalaba que el pago de honorarios era desproporcionado.
En lo esencial se oponía al pago para el abogado Marco Erazo, quien firmó un convenio de
honorarios profesionales el 14 de diciembre de 2006 con el presidente de la Cetape.
Según el funcionario del Oleoducto, el mencionado abogado solo firmó (como defensor de
los trabajadores) el escrito del 3 de octubre de 2007, en el que pedía al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo que acatara la resolución de la segunda sala del Tribunal
Constitucional.
Además, Cadena contradecía la afirmación de Plaza de que la contratación de los
abogados había sido acordada en asambleas por todos los trabajadores y presentó un
certificado del presidente del núcleo del Chaco, Santiago Pazmiño, que negaba haber
autorizado a Plaza a firmar en su nombre para solicitar esos pagos. (AA)
Ministro de Trabajo autoriza el pago del 20%
La Dirección Regional del Trabajo de Quito, autorizó al presidente de Petroecuador,
contralmirante Guillermo Zurita, a entregar el 20% del pago del diferencial de las horas
extras, al Comité de Empresa, para que este proceda a pagar los honorarios a los
abogados, por tratarse de una decisión tomada por los socios. Así respondió a una
consulta formulada por el funcionario. (AA)
PUNTO DE VISTA
En nombre de defender a los
trabajadores
Un círculo vicioso y hasta viscoso se ha formado en torno a los sindicatos que se han
aprovechado de los recursos del Estado, en especial en el de Petroecuador.
Este círculo está formado por personajes oscuros, que dan las vueltas en el mismo
terreno y que -con el discurso del apoyo a los trabajadores- alimentan sus propios
bolsillos.
Son personajes que dicen defender al Estado, tal vez porque viven del Estado, de toda la
plata que logran sacarle con juicios hasta para el pago de horas extras. Y luego callan,
se esconden, dicen que no quieren hablar, que todo es una simple calumnia. ¿De quién?
A Hernán Rivadeneira, por ejemplo, no le interesa explicar por qué su nombre aparece a
lo largo de unos oficios de la Cetape que piden plata para honorarios, justo cuando era
uno de los hombres más poderosos del Ecuador, que con su voto en el TSE pudo sacar de un
plumazo a 57 diputados.
Y luego está el TC, que enmudeció ante la apabullante demostración de poder de la
Constituyente con su primer mandato, pero en lugar de irse a su casa, porque sus funciones
fueron reducidas a nada, prefirió quedarse.
Había otras cosas que resolver, como recursos de amparo que estaban en la agenda y que
les permitirían ocupar su tiempo, para no dejarse vencer por el bostezo.
Por eso a ellos, en especial a Nina Pacari, tampoco le interesa rendir cuentas de sus
actos. Es preferible no hablar, el silencio es más cómodo.
Se sienten intocados, más allá del bien y el mal. Después de todo qué son $5 millones
en una empresa como Petroecuador, que ha pagado hasta $500 mil por indemnizaciones a sus
dirigentes sindicales.
Y qué importa repartir un porcentaje para hábiles abogados todopoderosos que en nombre
de la defensa de los trabajadores rebuscan hasta donde más pueden en los bolsillos del
Estado. (JT)
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