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Esteban Celi reconoce que la construcción de los cines es una de las obras pendientes
El presidente de la junta del fideicomiso,
Esteban Celi, manifiesta que la Conferencia Episcopal construirá el templo ya no en la
cima del complejo, como estaba previsto sino en un lugar más bajo.
Como parte del grupo promotor la Conferencia invirtió en acciones y pidió un porcentaje
del valor de cada entrada al proyecto, para construir la Iglesia y realizar obras
sociales.
Sobre la construcción de dos cines, que también formaban parte del proyecto, dice que
ese tema está pendiente y que han pedido una reconsideración al Municipio, pero no deja
en claro si la obra será o no ejecutada.
Ante la afirmación de los denunciantes de que no se hicieron estudios de mercado
confiables y que estos no habrían sido debidamente auditados y de ahí el fracaso de los
locales comerciales, responde que se los hizo con “parámetros generales”, pero
que ha habido dificultades porque este tiempo ha constituido un proceso de aprendizaje.
Además, para que un negocio sea rentable deben pasar un mínimo de 25 años.
Celi evita mencionar cuánto se ha invertido hasta el momento y estima que el monto total
(cuando todo esté construido) será de $20 millones. La propuesta de Cuerpos de
Conservación al Municipio fue de $10 200 000. (VG/AA)
'Sabían en qué se
metían y corrieron riesgo'
David Vaca dice que el clima no todos los días invita a los turistas a subir a Cruz
Loma
El abogado de la firma Pro-status, David Vaca,
dice que la demanda de los concesionarios de los locales está mal planteada porque no se
produjo una estafa. “Ellos sabían a qué se metían y corrieron el riesgo”,
señala.
Uno de esos riesgos ha sido el clima, pues no todos los días invitan a subir a Cruz Loma,
añade.
Para el gerente de la empresa Pro-status, Galo Hidalgo, el cierre de los locales no
constituye una pérdida, pues afirma que decidieron sustituir el patio de comidas por un
centro de exposiciones y eventos, que será concesionado a una firma panameña; otra
empresa de ese país se hará cargo del centro comercial, asegura.
De su parte, los concesionarios manifestaron que todo negocio tiene riesgo y en este han
perdido, por lo que lo asumen “sin ningún problema”, pero insisten en que
fueron estafados ya que el Municipio, a través de la Fundación Teleférico, otorgó el
proyecto a personas sin experiencia en este tipo de actividades.
Ellos plantean que el Municipio recupere el complejo, ejecute las garantías, lo
administre y las ganancias sirvan a la ciudad. Insisten en que les garantizaron un gran
flujo de turistas y un buen suministro de servicios y “eso no se cumplió”.
(VG/AA)
PUNTO DE VISTA
Un negocio mal proyectado
El complejo del Teleférico fue concebido como un megaproyecto para la capital. Teniendo
al teleférico propiamente como su principal atractivo, los negocios que girarían en
torno a él incluían -en una primera etapa- el parque de diversiones permanente, y una
serie de locales de comidas, artesanías, discoteca y demás. En su segunda etapa se
contemplaba, entre otras cosas, la construcción de un spa y salas de cine.
Aunque estas nuevas obras no han sido descartadas del todo, el cierre en los últimos
meses de al menos 105 locales de un total de 120 negocios del complejo es sintomático.
Hace pocas semanas, ocho de los concesionarios del complejo presentaron denuncias por
estafa en contra del alcalde de Quito, del director ejecutivo de la Fundación
Teleféricos, del gerente de Pro-status y del presidente de la junta del fideicomiso.
Ellos reclaman una indemnización de $6 millones; aducen que les vendieron la idea de un
megaproyecto, que tendría 18 mil visitantes diarios, cuando en realidad iban 1 000 y
actualmente ese número no supero las 500 personas.
Los responsables niegan tal ofrecimiento de perspectiva de visitantes y aseguran que
cuando invirtieron sabían en qué se metían. Alegan también que los concesionarios de
los locales cerrados ya firmaron documentos con cláusulas en las que renuncian a
cualquier reclamación. Creen además que el cierre del patio de comidas, por ejemplo, no
es una pérdida, pues lo sustituyeron por un centro de exposiciones y eventos, que será
concesionado a una firma panameña.
Así las cosas, más allá de hallar algún viso de ilegalidad en el proceso de
concesiones y subconcesiones, que aparentemente no existe, lo que parece claro es que el
megaproyecto previsto no está teniendo la rentabilidad esperada, lo que lo convierte en
un negocio mal proyectado. (PBM)
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