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Presidente de los transportistas pesados cree que hay complicidad de algunas autoridades
El presidente de la Federación Nacional de
Transporte Pesado, Carlos Jiménez, denuncia que no solo han ingresado al país
tractocamiones usados sino también vehículos de lujo.
Relata que cuatro automóviles de lujo llegaron a Salcedo (Cotopaxi) como un contingente
de apoyo a 21 tractocamiones que, en teoría, debían laborar en una mina. Los autos
entraron al país con el pretexto de que “eran necesarios” para cumplir los
objetivos del proyecto.
Sobre las violaciones a la Ley Orgánica de Aduanas, el dirigente dice que para empezar
“están introduciendo al país vehículos usados, cuando la norma solo permite que
sean nuevos”, señala.
Con estadísticas oficiales sobre el ingreso de automotores por internación temporal,
refiere que entre 2006 y 2007 llegaron alrededor de 2 200 y estima que poco menos de la
mitad habrían sido nacionalizados. Muchos de ellos se movilizan con permisos de
circulación y otros con placas otorgadas en diferentes jefaturas de tránsito,
“especialmente en Cotopaxi, Cañar, Azuay, Guayas y El Oro”, asegura.
Jiménez refiere que su gremio ha presentado denuncias a la CAE y a las autoridades del
Comexi (Comercio Exterior), pero no se ha frenado la práctica. “Aparentemente, ellos
serían cómplices y encubridores de la mala comercialización de estos vehículos, que
llegan al país bajo el régimen de internación temporal”, asevera.
El transportista cuenta que, en el marco de una denuncia, le recordó a un agente fiscal
del Guayas la prohibición legal de importar vehículos usados. “Él me respondió
que el acusado no sabía las normas de la Ley de Aduanas cuando incurrió en esa
práctica, por esa razón creo que debemos darle otra oportunidad”, le habría dicho.
Jiménez también relata que en los últimos días ha tenido varias conversaciones con
funcionarios del Gobierno, por el tema de la nueva Ley de Tránsito. En una de ellas le
pidió al ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, que tome cartas en el
asunto para impedir que continúe el ilícito.
“Le dije que este problema no solo afecta al transporte pesado sino también al SRI
($2 millones en 2007) porque se produce evasión de impuestos... el ministro me respondió
que ese era un problema del Servicio de Rentas”, indica.
Por esa forma de actuar, el dirigente considera que el Gobierno actúa unilateralmente en
lo concerniente a la Ley de Tránsito que estos días es debatida en la mesa de
Legislación y Fiscalización de la Asamblea Constituyente. “En ese cuerpo legal,
ellos nos aplican todas las sanciones, pero no han hecho nada para evitar las infracciones
que se cometen en la internación temporal”, dice.
En contraste, elogia la actuación de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la
Fiscalía. (SR/AA)
'Órdenes salían
directamente de la Gerencia de la CAE'
El asesor jurídico del Servicio de Rentas afirma que 'aprovecharon para festinar el
régimen de importación'
El asesor jurídico del Servicio de Rentas
Internas (SRI), Luis Hualpa, manifiesta que en la administración anterior aprovecharon
“para festinar el régimen de importación temporal”, al aclarar que esa entidad
no tiene competencia para tomar acciones en estos casos.
El funcionario cuenta que “la entidad llamada a tomar cartas en estos asuntos es la
Corporación Aduanera (CAE)”.
Hualpa refiere que antes de ocupar el cargo actual laboraba en la CAE de Azuay y que
denunció al entonces gerente general, Rafael Compte, sobre las nacionalizaciones
irregulares de varios vehículos, pero él les respondió con el envío de una orden en
que señalaba que ese trámite tenía que cumplirse.
Desde Azuay insistieron en que eso era ilegal, pero a pesar de ello el gerente ordenó la
continuación de los procesos.
Tras otros incidentes, los dueños de los carros pidieron la nacionalización al Tribunal
Contencioso. El caso está pendiente. (SR/AA)
La CCCC establece indicios de responsabilidad penal contra ex gerente
El 31 de octubre de 2007, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC),
determinó indicios de Responsabilidad penal y prevaricato en contra del ex gerente de la
CAE, Rafael Compte, "quien falló en contra de Ley expresa en perjuicio de la causa
pública, al autorizar el cambio de figura legal a mercancías de prohibida
importación...", señala un boletín de prensa emitido por la Comisión de Control
Cívico contra la Corrupción (CCCC).
El informe de la CCCC se refiere a un caso de legalización de siete tractocamiones que
cambiaron de régimen de "importación temporal" a régimen de
"consumo".
BLANCO Y NEGRO intentó ubicar a Compte en la ciudad de Guayaquil, pero nos informaron que
no estaba disponible. En Migración nos dijeron que no hay registros de que el ex
funcionario haya abandonado el país. (AA/CHM)
PUNTO DE VISTA
Un perjuicio ético y económico
La semana pasada, una investigación auspiciada por Transparencia Internacional (TI) establecía que las familias ecuatorianas dedicaban alrededor de $500 millones al año por concepto del pago de coimas en 23 servicios públicos.
La cifra y el hecho permiten entrever el nivel que alcanza la corrupción en el país.
Por ello, no resulta extraño el caso denunciado en la presente edición de BLANCO Y NEGRO.
Un número indeterminado de tractocamiones (algunos hablan de 800, otros de 1 000) circula por las vías del país tras evadir la norma aduanera de internación temporal de automotores.
Este precepto permite que vehículos nuevos, provenientes de otras naciones, ingresen al Ecuador por un determinado tiempo y con una finalidad específica. Al cabo de ese período, sin embargo, deben ser reembarcados hacia otros destinos.
Sin embargo, tal y como lo denunció este suplemento el 22 de enero de 2007, la regla de la internación temporal se utiliza como pretexto para ingresar tráileres al país, los cuales son posteriormente "legalizados" de forma irregular y permanecen en el país.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Carlos Jiménez, amplía la denuncia a un año de realizada la primera. Según el dirigente, no solo tractocamiones ingresarían a pretexto de la internación temporal, sino también vehículos de lujo, y que el perjuicio al fisco por este tipo de ilícitos habría significado $2 millones el año pasado.
Aunque la cifra es importante, es mucho más grave el hecho de que se involucre de manera directa en el delito a funcionarios aduaneros, quienes se supone son los encargados de actuar como una barrera frente al contrabando.
Adicionalmente, las acciones judiciales a raíz de la denuncia inicial han sido escasas y poco efectivas, lo que agrava el panorama de impunidad. (LAG)
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