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Representantes del Ejecutivo provienen de gremios que deben ser regulados y vigiladosa
En julio de 2007, un empleado
del Conartel revisa las grabaciones de varios programas de canales de televisión antes de
emitir un informe
Durante el Informe a la Nación, el presidente
Rafael Correa dijo que no deben formar parte de los entes reguladores, los representantes
de las instituciones que deben ser reguladas. Esto se aplica en el proyecto la nueva Ley
de Tránsito enviado a la Asamblea Constituyente. Allí se suprime la representación de
los transportistas en el ente regulador.
El artículo n.º 123 de la Constitución vigente prohíbe ser funcionarios o miembros de
organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y
regulación, a “quienes tengan intereses o representen a terceros, que los tuvieren,
en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas”.
A su vez, el artículo n.º 15 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico señala que los
miembros del Conelec “no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo
ni indirecto, en las empresas de generación, transmisión, distribución o grandes
consumidores”.
No obstante, el actual delegado del presidente de la República en ese organismo, Édgar
Ponce, es el representante de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito en el
Directorio de la EEQ, pues tienen 207 acciones de $1 cada una. Actualmente, Ponce ejerce
la Vicepresidencia del Conelec, que es el ente encargado de regular y controlar el sector
eléctrico.
Otro representante del presidente en un ente regulador es Jorge Yunda, presidente del
Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel). En un informe anterior de ese
organismo, el actual funcionario aparecía como representante legal de dos emisoras de
radio, aunque esa actividad fue dejada de lado para desempeñar el cargo público, según
manifestó hace algún tiempo a BLANCO Y NEGRO.
En noviembre pasado, la Contraloría General del Estado emitió un informe definitivo
sobre la entrega de concesiones de frecuencias al margen de las normas legales que rigen
al sector y de las disposiciones constitucionales, entre enero de 2003 y mayo de 2005.
Allí se establecen sanciones penales para ex miembros del Conartel y algunos
radiodifusores, y la reversión al Estado de las frecuencias otorgadas en forma irregular.
Yunda se comprometió a aplicar todas las observaciones, “caiga quien caiga”,
pero hasta la semana pasada no se había cumplido el ofrecimiento. (AA/SR)
Los 'Pativideos' marcan una
política de comunicación
El consejo de Radio y Televisión puede
multar o suspender programaciones, si así lo consideran sus miembros
En julio pasado, el presidente de la República, Rafael Correa, dictó una
normativa para prohibir la difusión de audios y videos sin la autorización de los
protagonistas.
El reglamento fija multas entre $10 y $40. En caso de reincidencia, el medio de
comunicación que difundiera grabaciones no autorizadas puede ser suspendido por 90 días.
El reglamento se firmó tras la difusión de los denominados “Pativideos”, en
los aparecía el ex ministro de Economía y actual ministro Coordinador de la Política,
Ricardo Patiño, en una conversación con supuestos especuladores de la deuda.
Bajo esta legislación, el directorio del Conartel se reuniría hoy para analizar el
contenido del programa Contacto Directo, de Ecuavisa, que hace dos semanas difundió la
grabación de una conversación entre oficiales de la Marina que manifestaron su
inconformidad por ciertos ascensos de oficiales, dispuestos por el Gobierno.
Otro aspecto que podría ser analizado en la reunión del Conartel tiene que ver con las
transmisiones de las marchas realizadas por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a
finales de diciembre pasado, realizadas por dos emisoras radiales de Guayaquil. (AA/SR)
PUNTO DE VISTA
Acciones, más que palabras
Uno de los mensajes centrales del Gobierno ha sido el anuncio de su lucha contra la
corrupción. El presidente incluso mencionó el tema en su discurso de asunción del
mando, enfatizando en el objetivo de lograr un castigo para los ex banqueros prófugos.
Adicionalmente, el Régimen creó la Secretaría Nacional Anticorrupción para combatir
irregularidades en el Estado.
Sin embargo, y tal y como lo muestra la presente edición de BLANCO Y NEGRO, más allá de
toda aquella parafernalia, los resultados concretos de esta batalla contra el flagelo de
la corrupción han sido escasos. Tanto, que el propio presidente de la República ni
siquiera mencionó el tema como uno de sus logros en el Informe a la Nación a propósito
de su primer año de mandato, el 15 de enero.
En realidad, el tema de las extradiciones de los ex banqueros prófugos se ha ido
diluyendo. El juicio a Leonidas Ortega, ex titular del Banco Continental, fue declarado
prescrito por el presidente subrogante de la Corte Suprema, José Vicente Troya, en
noviembre pasado. Y respecto a los ex personeros de Filanbanco, Roberto y William Isaías,
el pedido de su extradición se encuentra estancado. Conocedores del tema hablan que la
embajada ecuatoriana en Washington ni siquiera tiene asesores legales.
Por otro lado, el desarrollo poco convincente de los acontecimientos en el caso de los
llamados "Pativideos", sobre la supuesta confabulación del ex ministro de
Economía Ricardo Patiño para inflar el valor de los seguros de la deuda ecuatoriana,
dejó una sombra de duda sobre la total rectitud del empeño gubernamental
anticorrupción.
Al final, la lucha del Régimen contra la corrupción durante su primer año de gestión
se resume en varias denuncias (dos de ellas sobre acoso sexual) que, en su mayoría, no se
han resuelto satisfactoriamente. Muy poco para tan importante cometido. (LAG)
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