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La crisis bancaria
constituyó el mayor atraco en la historia del país... han pasado cuatro gobiernos y un
año del quinto, pero las sanciones a los responsables todavía no pasan del discurso
GOBIERNO AÚN NO DA 'PIE
CON BOLA' EN LAS EXTRADICIONES
Comisión investigadora
de la crisis bancaria señaló un costo de $8 072 millones, pero no mencionó responsables.
En el Informe a la Nación del
miércoles, el presidente Rafael Correa no contó lo realizado en la lucha anticorrupción
‘El perdón y olvido a
nivel social se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los
banqueros corruptos que nos quebraron... y otros tantos delitos y atracos aún sin
sancionar”. Esto lo dijo el presidente Rafael Correa hace un año, en su discurso de
posesión.
En el Informe a la Nación presentado el martes pasado en Montecristi, ante la Asamblea
Constituyente, el mandatario no mencionó la lucha contra la corrupción entre las
actividades realizadas en estos 12 meses.
La mención inicial sobre los “banqueros corruptos” podría ligarse con su
retorno al país por la vía de la extradición, pero esto no se concreta.
Un listado de “extradiciones activas” elaborado por la Dirección Nacional
Anticorrupción de la Fiscalía señala que el Ecuador ha presentado tres pedidos de
extradición al Gobierno de los Estados Unidos, entre 2000 y 2001.
Los reclamados son: Francisco Loza Valverde, Leonidas Ortega Trujillo, y Roberto y William
Isaías Dassum.
En el primer caso, Loza fue acusado del delito de peculado cuando fue coordinador del
Programa Operación Rescate Infantil (ORI) de Chimborazo.
Ortega fue acusado del delito de falsificación de instrumento público en el caso del
Banco Continental, que ocasionó un perjuicio de $105 millones. En noviembre pasado, el
presidente subrogante de la CSJ, José Vicente Troya, declaró prescrito el juicio y
archivó el pedido de extradición.
En cambio, continúa vigente la solicitud de extradición de los hermanos Roberto y
William Isaías Dassum, ex directivos de Filanbanco, quienes están acusados de peculado
bancario.
La comisión investigadora de la crisis económica financiera, creada por el actual
Gobierno, estableció un costo para el país de $8 072 millones y la existencia de delitos
penales, pero no detalló los nombres de los responsables. Entre otras cosas, pidió la
reapertura del sumario del juicio en contra del ex presidente Jamil Mahuad por haber
decretado el feriado y el congelamiento bancario.
Según Rafael Correa, una nueva investigación establecerá las responsabilidades.
En el tema de las extradiciones, en noviembre pasado el Gobierno remitió al Departamento
de Estado de los EEUU varios documentos adicionales en el caso “Filanbanco”,
pero estos “no constituyen evidencia suficiente para demostrar los delitos de los que
se acusa a los señores Isaías”, según informó a la Fiscalía el asesor jurídico
de la Cancillería, Gonzalo Salvador Holguín. (AA/SR)
'Ecuador
resuelve pedidos en 48 horas'
La embajada no tiene personal especializado para dar
seguimiento a los casos
El pasado 22 de septiembre, el
presidente Rafael Correa declaró que el Ecuador se demora dos días en tramitar los
pedidos de extradición que realiza el Gobierno de los EEUU.
“Asumimos que las solicitudes tienen las pruebas suficientes y otorgamos la
extradición a veces en 48 horas”, dijo en cadena radial, al señalar que ha pedido
reciprocidad al otro Gobierno.
El abogado José Nebot Saadi sostuvo que el Gobierno de los EEUU tiene en su lista de
extradiciones pasivas una decena de prófugos que se hallan en el Ecuador. Ante eso
sugirió a la Cancillería no dar paso a ningún pedido hasta que ese país conceda la
extradición de los ecuatorianos, “a manera de trueque, uno por uno”, dijo.
El Estado también debería contratar excelentes abogados estadounidenses para realizar el
seguimiento de los casos en ese país, pues “aquí no tenemos quién persiga a los
banqueros corruptos y allá no hay quién nos apoye”, manifestó Nebot, al señalar
que los prófugos tienen allá a los mejores abogados (con contactos en el Departamento de
Estado) para defenderlos, mientras la Embajada del Ecuador no cuenta con un abogado que se
encargue de los casos.
Nebot impulsó la extradición de Andrés Fernández Salvador (caso Tesalia), logró el
visto bueno del Departamento de Justicia y el envío del caso a la Fiscalía de Miami para
su ejecución (deportación del imputado). Esto no llegó a concretarse porque una
consulta sobre prescripción de la causa demoró dos años en llegar a la Corte de
Guayaquil para confirmarla o desecharla. (AA/SR)
El secretario
Anticorrupción dice que la actuación de la justicia es 'decepcionante'
Mediante decreto ejecutivo, el
presidente Rafael Correa creó la Secretaría Nacional Anticorrupción hace 11 meses. El
organismo, dirigido por José Luis Cortázar, tiene el encargo de ejecutar la política
gubernamental anticorrupción y elaborar estrategias para investigar, determinar y poner
en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupción de los
funcionarios públicos.
Cortázar califica de "fructífera" la labor de esa entidad. Afirma que ha
denunciado muchos casos en los que se intentó provocar perjuicios al Estado, como un
proceso de mediación entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la familia Nuques y la
contratación del agua potable para Galápagos.
"También se han denunciado casos en que estaban en juego vidas humanas", dice
al referirse a un supuesto tráfico de menores en Tulcán (Carchi).
El funcionario también refiere que hizo tres denuncias sobre corrupción en la
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), cuyos resultados hasta el momento han "sido
decepcionantes desde el punto de vista de la justicia".
Por iniciativa de la Secretaría Anticorrupción, la semana anterior fue detenido el
subsecretario de Comercio del Ministerio de Agricultura, Guillermo Ortega, por presunto
acoso sexual. Cortázar exhibió un video en el que supuestamente se escucha a Ortega
citar a una joven en un hotel de Quito.
Hace varios meses, la Secretaría aplicó la prueba del polígrafo al subsecretario de
Gobierno, Eduardo Paredes, en una denuncia de supuesto acoso sexual. El funcionario negó
todo, pero la prueba dio positivo. En cadena radial, el presidente Correa dijo que el
aparato había fallado y que no hay autorización legal para usarlo. La investigación no
prosperó. (AA/SR)
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