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La Corte Suprema de Justicia funciona
en el antiguo edificio de Filanbanco, en Quito. El local fue adquirido en la presidencia
de Armando Bermeo.
El departamento de
Estado quiere la entrega de la evidencia que incrimine a los Isaías
Hasta hoy, las autoridades ecuatorianas no entregan a los EEUU los documentos
solicitados en 2004 por la misión de fiscales que estuvo en el país.
Entre otros, pidieron documentos firmados por Roberto y William Isaias que demuestren su
participación y conocimiento de las transacciones ilícitas. Para los EEUU esta sería la
evidencia que los incriminaría en el delito de peculado.
Estos y otros pedidos constan en un listado, de poco más de una página, que entregaron
los fiscales a las autoridades ecuatorianas, al que BLANCO Y NEGRO tuvo acceso.
En un informe de la Corte Suprema de Justicia sobre el estado de los pedidos de
extradición, se indica que el 27 de octubre pasado se enviaron al Departamento de Estado
de los EEUU (por intermedio de la Cancillería) copias de documentos del juicio penal, que
fueron solicitadas por el asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, Gustavo Amador Delgado.
Queda por saber si esas son las pruebas que piden en los EEUU para la extradición.
(AA/SR)
Caso Quiroz, trámite en suspenso
La extradición de Arturo Quiroz Martín, acusado de peculado bancario (caso banco del
Pacífico), que fue pedida a los EEUU el 5 de marzo de 2001, se encuentra suspendida
porque el ex banquero ya no reside en ese país. Un tiempo vivió en Miami y actualmente
estaría en Chile, dijeron en la CSJ. (AA/SR)
Deportan a implicado en caso Banco Azuay
El Gobierno de los EEUU deportó a Carlos Julio Miranda Alcívar, quien, una vez en el
Ecuador, fue absuelto por un Tribunal Penal del Guayas. Su hermano, José Fagín Miranda
Alcívar continúa en ese país. La extradición de ambos fue pedida por peculado bancario
en el caso banco del Azuay. (AA/SR)
A Peñaranda sí lo devolvieron
En septiembre de 2001, Luis Edmundo Peñaranda Samaniego fue extraditado desde los EEUU.
Para esta decisión fueron decisivas las declaraciones tomadas por la Policía a los
testigos que demostraron que era el cabecilla de la denominada "Red Peñaranda"
que operó en el Congreso Nacional. (AA/SR)
Deportan a cura por indocumentado
El ex jefe de las Aduanas de Quito, Carlos Flores, fue deportado (no extraditado) de los
EEUU porque no tenía en regla sus documentos de residencia en ese país. Actualmente, el
cura guarda prisión en el centro de rehabilitación social n.º 1 de Quito, a
disposición del juez III de lo Penal de Pichincha. (AA/SR)
El 'Rey' Zamora vino por deportación
En 2001 el Gobierno de los EEUU deportó a Reynaldo Zamora Sandoya, quien tenía juicios
penales por robo, asesinato, fraude y otros delitos. En el Ecuador, el acusado fue puesto
a órdenes de los jueces penales respectivos para su enjuiciamiento, según un informe de
la Corte Suprema. (AA/SR)
Líbano no se hizo lío en el caso Peñafiel
El ex presidente del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, fue extraditado desde
Líbano, en agosto de 2002. Salió en libertad tras permanecer cuatro años en el ex Penal
García Moreno. Actualmente reside temporadas en España, Rusia, Argentina y el Ecuador.
Dice que no tiene pendientes con la justicia. (AA))
CLa extradición por el
caso Continental, queda en nada
La crisis provocó un perjuicio de $105
millones, en 1996. La acusación fue por falsificación de documentos
El pasado 14 de noviembre, el presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), José Vicente Troya, declaró prescrito el juicio por el caso Banco Continental,
cuya crisis provocó un perjuicio de $105 millones.
Al mismo tiempo archivó el pedido de extradición del principal directivo del banco,
Leonidas Ortega Trujillo, quien viajó a los Estados Unidos, a raíz de la orden de
prisión expedida en su contra en 1996.
En diciembre de ese año, el caso fue asumido por el ex presidente de la CSJ, Carlos
Solórzano, quien imputó a 31 personas por los delitos de peculado bancario,
piramidación de capitales, falsificación y uso doloso de documentos públicos. Tres
años después, el proceso se redujo al imputado Leonidas Ortega Trujillo, quien fue
acusado de falsificación y uso doloso de instrumentos públicos (para ese delito no opera
la extradición).
Además, el antiguo Código de Procedimiento, que estuvo vigente hasta enero de 2000,
sancionaba ese delito con una pena de seis a nueve años de reclusión menor.
Por eso la defensa de Ortega pidió la prescripción de la causa, lo que fue acogido por
la Corte Suprema. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Una larga cadena de errores
Se ha repetido innumerables veces que una de
las razones para que se suscitara en el país, a finales de la década de 1990, la llamada
crisis bancaria fue la pasividad de las autoridades para controlar las actividades del
sistema financiero.
Posteriormente, y cuando empezaron a cerrar ciertas entidades de ahorro y crédito,
perjudicando a millones de ecuatorianos, la Justicia actuó de manera lenta, permitiendo
la fuga de la mayoría de los ex banqueros.
Y como si todo aquello no fuera suficiente, en una gran cantidad de casos los accionistas
y funcionarios de los bancos cerrados continúan sin rendir cuentas, por errores cometidos
en el ámbito judicial.
Así lo revela la presente edición de BLANCO Y NEGRO que demuestra, por ejemplo, cómo la
incapacidad para establecer de manera adecuada un proceso de extradición ha conspirado
para que regresen al país los hermanos William y Roberto Isaías, ex propietarios de
Filanbanco.
En este caso, ni siquiera el asesoramiento de funcionarios judiciales estadounidenses,
enviados por el Departamento de Estado, ha logrado destrabar la situación.
Aún más, existe la constancia de que pudiendo ser capturados permanencen libres. En el
colmo de la negligencia, funcionarios consulares ecuatorianos no hicieron cumplir, el 28
de enero de 2002, la orden de prisión que pesa sobre ellos. En aquella ocasión, Roberto
Isaías Dassum no fue aprehendido a pesar de haber ingresado al consulado ecuatoriano en
Miami (considerado territorio nacional) para tramitar un poder para un allegado suyo.
Frente a tal panorama, cabe preguntarse si algún día será posible que los implicados en
la crisis bancaria se presenten ante la Justicia ecuatoriana, para que respondan o sean
exculpados. (LAG)
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