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'Aunque la ley establecía que el presupuesto debía repartirse por
igual entre el Conesup y el Conea, este recibió solo la cuarta parte cuando inició la
gestión, en septiembre de 2002'
Además de las observaciones efectuadas por la
Contraloría que, actualmente, son ventiladas en ese ámbito, la Asociación de Empleados
denunció presuntas irregularidades administrativas y, presumiblemente, penales.
Sobre lo primero, el ex director del Conea (estuvo en el cargo hasta marzo de este año),
Jaime Rojas, manifiesta que su gestión se amparó en las disposiciones emanadas por el
Consejo (Directorio).
Justifica la implementación del bono funcional en el hecho de que este beneficio lo
percibían en el Conesup y, al ser una entidad del mismo rango, el Conea tenía derecho a
pagarlo.
Rojas señala que el nacimiento de la entidad fue complejo. Por un lado empezó con
presupuesto deficitario, ya que las rentas previstas desde 2000 fueron utilizadas por el
Conesup. Menciona que la ley preveía que los recursos destinados a las dos instituciones
debían repartirse por igual entre ambas instituciones.
No obstante, asegura que el Conesup sacó el 75% para esa entidad y dejó solo el 25% para
el Conea. Por eso dice que tuvieron que “pelear” para que se entregue el dinero
correspondiente y que, a pesar de todo, alrededor de $1,5 millones nunca llegaron.
En relación a varias denuncias de empleados sobre presuntas irregularidades
administrativas, Rojas prefiere no hablar del tema “porque hace daño”.
También le incomodan las preguntas sobre la denuncia de Marcela Espinoza (ex empleada del
Conea), quien le acusó de acoso sexual en la Fiscalía. “No hagamos noticia de lo
que no hay”, manifiesta.
No obstante, atribuye la denuncia a una retaliación de la ex empleada (evita mencionar su
nombre) por haber sido despedida tras descubrirse que había presentado un título falso.
Por eso, ella afronta una demanda institucional.
Para refutar el argumento, Espinoza indica un documento presentado, dos años antes de su
salida, ante la Asociación de Empleados de Conea, en el que relata el supuesto acoso.
“Durante cuatro años aguanté el acoso y he presentado a la Fiscalía las cartas
obscenas que me enviaba y los certificados médicos que confirman el diagnóstico de
neuritis sensitiva que me producía el estrés...”, manifiesta. Sobre el título
universitario, dice que no lo tiene y que mal pudo haberlo presentado para obtener el
puesto.
Ella fue despedida junto a otros tres funcionarios del Conea, a quienes se les siguió
sumarios administrativos por haber “desconocido el principio elemental de que los
actos de la autoridad están amparados por el principio de legalidad”. Denunciaron
irregularidades. (LB/AA)
Los empleados que cuestionan pierden el cargo o reciben otras sanciones
Los despedidos por los cuestionamientos al pago del bono y tras haber denunciado presuntas
irregularidades por parte de los administradores son Saúl Mayorga, Mario Morales, Marcela
Espinoza y Gustavo Costta.
Otros dos empleados fueron sancionados con 30 días de suspensión; dos con multas del 10%
de la remuneración mensual unificada; y, dos con amonestaciones. Según el ex presidente
provisional, Jaime Rojas se siguió el debido proceso porque hubo los sumarios
administrativos correspondientes.
Para eso, la institución contrató un abogado externo, porque, de lo contrario
“"ya hubiese sido juez y parte", dice. (AA/LB)
PUNTO DE VISTA
Inequidad en las remuneraciones
El sistema de remuneraciones en el sector
público ecuatoriano se presta a una serie de distorsiones sobre todo por la falta de una
regulación que unifique bajo su dominio a todas las personas contratadas en empresas o
instituciones que dependan de las arcas fiscales o administren áreas bajo el control del
Estado.
Debido a esa carencia se han creado y se continúan creando instituciones ubicadas bajo el
membrete de autónomas, el cual, entre otras cosas, les permite establecer los salarios,
bonos y compensaciones que perciben sus autoridades y funcionarios. En estas, los paquetes
remunerativos suelen ser, por lo general, más altos y diversos que en organizaciones
tales como ministerios u hospitales en donde los salarios son bajos y los recursos
escasos.
Y por tal motivo, el conseguir un empleo en entidades autónomas tales como Petroecuador,
Andinatel o el Banco Nacional de Fomento (BNF), por citar solo algunas, suele convertirse
en el sueño de muchas personas; algo así como asegurar el futuro.
La presente edición de BLANCO Y NEGRO relata un caso que guarda relación con este
panorama.
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea) fue
creado hace siete años, aunque empezó a funcionar recién en 2002.
Durante este último lustro, los vocales y directivos del Conea se han beneficiado de la
entrega de un bono funcional, además de otras ventajas como bonos navideños y bonos de
aniversario. Las autoridades del organismo se amparan en el argumento de que la Ley de
Educación Superior les da autonomía para determinar los regímenes salariales y su
organización interna.
Sin embargo, informes de la Contraloría establecen que los egresos efectuados en la
institución hasta febrero de este año no tienen base legal.
El tema merece su investigación y aclaración. (LAG)
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