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El primer día hábil de cada mes, Petrocomercial fijaría
los precios de venta del GLP, las gasolinas y el diésel. Estos incluirían los costos de
producción, almacenamiento, importación, distribución...
Desde mediados de junio está listo un proyecto de decreto
para la firma del presidente Alfredo Palacio, que elimina el subsidio estatal a los
combustibles.
Este fue propuesto en la valoración del subsidio preparada por un equipo que fue dirigido
por el ex miembro del CAD de Petroecuador, Ernesto Grijalva.
“El precio de venta del gas licuado de petróleo será fijado por Petrocomercial en
los terminales y depósitos que opera, tomando en cuenta los últimos costos reales
determinados por Petroecuador, los cuales deberán consolidar costos de producción
nacional, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y de
importación...”, señala el artículo 9 del proyecto.
Al mismo tiempo focaliza el subsidio hacia las personas que reciben el bono de desarrollo
humano y obliga al Ministerio de Bienestar Social a incluir el valor del precio del GLP
que sería determinado mensualmente por Petrocomercial.
También otorga a Petrocomercial la facultad de fijar, el primer día hábil de cada mes,
los precios para la venta (en las terminales) de gasolinas súper y extra, diésel 1 y 2,
y diésel premium. Los precios “deberán consolidar los costos de producción
nacional, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, importación de
los insumos que intervienen en su producción y el costo de importación del producto en
sí”.
Entre otras cosas, el proyecto de decreto señala que la Dirección Nacional de
Hidrocarburos controlará el contrabando mediante la instalación de GPS en las unidades
de transporte de combustibles.
Además, existe un proyecto de acuerdo para la firma del ministro de Energía, Iván
Rodríguez, que busca controlar y reducir el contrabando.
Allí se propone un artículo que obliga a las comercializadoras de GLP a tributar sobre
el 3% del total del gas envasado, por concepto de excedentes o remanentes existentes en
los cilindros de uso doméstico.
Asimismo prohíbe vender los excedentes o remanentes de GLP al sector industrial.
Esto, porque en la valoración de combustibles se detectó que en el proceso de envasado
se produce un excedente de inventario a favor de las comercializadoras, como consecuencia
del remanente que queda en el cilindro de gas. Las empresas lo venden al público y
obtienen ingresos adicionales no previstos, sobre los cuales no tributan actualmente.
El presidente Alfredo Palacio no ha firmado el decreto que elimina los subsidios ni el
ministro del ramo ha suscrito el proyecto que obliga a tributar el 3% sobre el excedente.
Para el presidente de Petroecuador, Galo Chiriboga, este es un tema de política interna
que merece un amplio debate para llegar a un consenso. (AA/SR).
Rodas: el tema es
técnico y político
El ministro de Economía, Armando Rodas,
dice no conocer la versión que circula en sectores oficiales de que el decreto para
eliminar el subsidio sería firmado en el lapso que transcurre entre la primera y segunda
vueltas electorales
"Ustedes me proporcionan la primera
noticia sobre esto", responde al ser preguntado sobre esa posibilidad.
Rodas considera que el mantener el subsidio es insostenible y debe ser corregido en el
mediano plazo. Puntualiza que, además de técnico, este es un tema político.
Indica que el Gobierno acogió una alternativa para eliminar el subsidio, al proponer el
proyecto que crea el Fondo de Inversión en los Sectores Energético Hidrocarburífero
(Feiseh).
Este plantea colocar en un fideicomiso los recursos provenientes del bloque 15 para
invertirlos en proyectos de generación hidroeléctrica e infraestructura petrolera. De
esta forma, el Estado dejaría de destinar combustible (subsidiado) a la generación
térmica y reduciría los costos de producción. (AA/SR)
'Es necesario encontrar el esquema ideal, porque mientras más controles se
pongan, más se incentivará el mercado negro'
Tras reiterar que no tiene información sobre una probable eliminación del subsidio, el
ministro de Economía, Armando Rodas, señala que esto debería conllevar una
focalización "en aquellos casos en que se lo pueda hacer de mejor manera", para
que las clases pudientes no resulten beneficiarias.
Manifiesta que la focalización debería evitar el contrabando y el Gobierno todavía no
halla el esquema ideal, pues varios estudios señalan que "a más controles, mayor
será el mercado negro".
Pero el subsidio actual tampoco puede continuar, sostiene el ministro al indicar que altas
personalidades públicas que no pertenecen al actual Gobierno estarían involucradas en el
tráfico de combustibles. "Esto no me consta, pero se dice...".
BLANCO Y NEGRO reveló hace dos años que este delito es un acto concertado de mafias que
operan con participación de funcionarios, trabajadores y militares que controlan, directa
o indirectamente, el transporte y la comercialización. (AA/SR)
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