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La comisión investigadora la integran: director provincial, supervisor, director
de escalafón, presidente del núcleo de la UNE y un representante de los docentes.
LAS INSTANCIAS empiezan en las Direcciones
Provinciales, pasan por las Regionales, llegan al ministro del ramo y concluyen en el
Tribunal Constitucional o en el ámbito contencioso
El ex ministro de Educación Mario Jaramillo dice
que el problema de los docentes que abandonan o encargan sus puestos de trabajo pero
cobran sueldos del Estado, se ha evidenciado los últimos 25 años, “con la
recuperación de la democracia y el acceso a la información”.
Considera que la denuncia inicial de la ex ministra Consuelo Yánez (en un comienzo habló
de 27 mil casos) fue positiva aunque “sobredimensionada”. Esto, porque sacó a
la luz lo que sucede en el sector educativo desde hace muchos años.
Jaramillo dijo que esta práctica perjudica a los jóvenes y niños, especialmente de los
establecimientos fiscales, a donde concurren los alumnos de menores recursos económicos,
quienes deberían tener una mejor calidad de educación.
También considera que la falta de sanciones a quienes proceden de esa forma obedece a las
fallas del sistema legal que rige al sector educativo, por lo que “sancionar a un
maestro que incurre en este tipo de delito es casi una misión imposible”.
Los maestros tienen a su favor un abanico de posibilidades para evitar el castigo, porque
pueden apelar en diferentes instancias.
Según la Ley de Carrera Docente y Escalafón, un maestro puede apelar inicialmente ante
la Dirección Provincial de Educación correspondiente, en caso de haber sido sancionado
por la Comisión de Defensa Profesional Provincial.
El caso puede subir en apelación ante una de las tres Direcciones Regionales que hay en
el país; estas agrupan a varias provincias.
La instancia siguiente es el ministro de Educación, ante quien se apelan los fallos de
destitución.
Incluso hay casos de maestros que han apelado en el Tribunal Constitucional.
Jaramillo dice conocer de casos que han demorado más de cinco años, por las apelaciones.
Así, recuerda el proceso de un profesor acusado de violación, en el que se habría
comprobado el delito. El caso llegó al Tribunal Constitucional (TC). Allí se perdió la
pista.
En la Dirección Jurídica del Ministerio explicaron que las sanciones van desde el
llamado de atención, la suspensión de labores hasta por 90 días sin sueldo, la
remoción de funciones (en el caso de rectores, vicerrectores e inspectores generales de
colegios) hasta la destitución del cargo y la separación definitiva del Magisterio.
Un funcionario, que pidió no ser identificado, añadió que los profesores y funcionarios
emigrantes deberían ser sancionados por las Comisiones Provinciales al cumplirse 30 días
de inasistencia a sus puestos de trabajo. (AA/MCV)
Una veintena de casos de destitución se halla en la fase de apelación
El 15 de diciembre de 2005, mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación
anunció la destitución de 20 funcionarios "que estarían cobrando sin
trabajar".
En el listado se hallaban profesores, técnicos docentes y supervisores, tanto de la
planta central del Ministerio como de algunas provincias.
También estaban miembros de la Comisión de Ingresos, Cambios y Promociones de los
niveles pre primario y primario de Cotopaxi.
BLANCO Y NEGRO se reserva los nombres porque los casos todavía se encuentran en
apelación, por lo que algunas destituciones podrían revertirse. (AA/MCV)
PUNTO DE VISTA
Hay que educar a los profesores
Cuando meses atrás el país conoció que cientos o quizá miles de maestros ecuatorianos
cobraban mensualmente sus sueldos, aunque desde hace tiempos ya no trabajaban, la
indignación se sintió en los cuatro puntos cardinales.
En un país donde la corrupción se ha convertido en uno de los mayores males sociales,
aparentemente, "una mancha más" no debería tener gran repercusión. Pero
cuando se comprueba que quienes han cometido el delito son aquellos que tienen a su cargo
la formación de niños y jóvenes, la indignación se justifica.
Y es que resulta absurdo, peligroso e insoportable que los formadores de los niños y los
jóvenes le estafen al Estado, recibiendo salarios a los que no tienen derecho; y engañen
al país, sin inmutarse, al no entender que por su condición de profesores están
llamados a respetar las leyes y a no cometer delito alguno, pues son vivos ejemplos para
sus alumnos.
Infelizmente, en nuestro país los códigos de conducta, los valores de la moral y la
ética parecen haber sido olvidados, lo que significa una seria amenaza para la
convivencia social y hasta para la supervivencia misma del Estado Nación.
Por eso, resulta inexplicable que las autoridades de Educación hayan descuidado las
auditorías y la depuración de los listados de maestros, a fin de tener información
precisa, que les permita aplicar las sanciones debidas a quienes infringieron las leyes y
los códigos de conducta.
Si desde las alturas del poder, con la fuerza legal que tienen, no son capaces de hacer
valer su autoridad, sencillamente estamos perdidos.
Las niñas, los niños y los jóvenes ecuatorianos en general merecen ser formados por
gente impoluta, no por sujetos que violenten las normas y los reglamentos. De allí que el
ministro de Educación está obligado a actuar con firmeza, depurar el cuadro de maestros
e impulsar la formación (educación) de los profesores. (TFF)
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