Blanco y Negro Periodismo de Investigación
  Quito, abril 2 de 2005

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Al interior del régimen, proceso fue 'poco claro'


Ex ministro Jaime Damerval dispuso una análisis de los trámites realizados y las razones por las que había fracasado la licitación; eso ante el malestar en las calles

La interpretación en la FESE de que la demora en la entrega del carné estudiantil es por "falta de voluntad política" del régimen tuvo eco en el mismo Ejecutivo. Eso quedó de manifiesto en un informe del 20 de enero de 2004 del entonces subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Olmedo, que destaca algunos aspectos del proceso y las razones por las cuales se truncó.
El informe consta en el memorando dirigido al ex ministro de Gobierno Jaime Damerval, quien había pedido un análisis del problema luego de que fracasó la licitación y el malestar se sentía en las calles.
En sus conclusiones, Olmedo señala que "habiéndose creado un sistema poco claro en la emisión del carné estudiantil, sin establecer costos y beneficios, ni medidas compensatorias (esto es: para los transportistas que asumen el descuento), ha quedado desnaturalizado el espíritu del Decreto Ejecutivo 1131 de diciembre de 2003 que crea el carné".
"Por eso -agrega- el amplio sector poblacional (los estudiantes) ahora se siente defraudado por el fallido contrato antes las observaciones hechas por la Procuraduría".
En el análisis, se considera que se establece un subsidio directo del Estado para la ejecución del proyecto del 20% (se había considerado una partida de $1,8 millones) y de los usuarios el 80% (el $1,50 dispuesto para ser descontado del aporte voluntario de $25).
De su investigación, Olmedo concluye que no se conoce si los empresarios del transporte recibirán una compensación, siendo "ellos uno de los actores principales del proyecto". Tampoco se conoce, dice, si intervinieron en las deliberaciones para la adjudicación del contrato por $9,2 millones a la empresa Controles y Asociados.
Olmedo deja constancia que esa Cartera se ha mantenido al margen de los procesos precontractuales y contractuales, pese a que el decreto 1131 dispone que los ministerios de Gobierno, Economía y Educación deben ejecutarlo.
Por esa razón recomendó: "Para atenuar los niveles de conflictividad, que ya se están presentando, sugiero un arbitraje del Ministerio de Gobierno, convocando a los diversos actores para encontrar una salida, al menos coyuntural, al problema social y de conflictividad que está presentándose".
Dos semanas antes de la salida de Damerval, el Ministerio de Gobierno ingresó en la Secretaría de la Presidencia un proyecto de decreto en el que se sugería que se contratara directamente con el Instituto Geográfico Militar (IGM), uno de los concursantes eliminados. En el entorno Damerval se manejaba el criterio de que el carné era una especie valorada y, por tanto, la ley obligaba a contratar con el IGM.
Una de las observaciones de fondo que hizo Procuraduría al proceso precontractual es que se había considerado un sistema inadecuado en la contratación pública, como es la ejecución de obra, cuando para debió seguirse el de adquisición de bienes y servicios.
Tras el informe del 25 de noviembre, el ministro Passailagiue pidió en dos comunicados la reconsideración, pero Procuraduría se ratificó en su dictamen el 22 de diciembre de 2004. Y volvió a ratificarse el 20 de enero pasado ante la insistencia de reconsideración del ministro en cartas del 22 y 23 de diembre de 2004. (LB)

PUNTO DE VISTA

Se pierde la ocasión de un gran proyecto


El presidente de la República, Lucio Gutiérrez, encantó a los estudiantes con un anhelo siempre latente: acceder a facilidades en el pago de tranporte público; pero abandonó la oferta y creó un problema sin fin y cerró cualquier salida.
El hecho, por sí solo, no sería un grave conflicto sino estuviera atravesado por la improvisación, el gesto populista y la toma de decisiones sin la consideración social del caso.
Esto prueba, una vez más, que el Ecuador carece de sistemas de regularización de los intereses entre los actores sociales (en este caso choferes y estudiantes) y sus dirigentes usan a su modo el poder coyuntural que les otorga estar en o con el Gobierno.
Y también es cierto que se perdió (y nadie sabe hasta cuándo) la oportunidad de crear un sistema de atención al estudiante por medio de un simple carné estudiantil. En otros países es la forma de facilitar el acceso a museos, eventos culturales y deportivos y, en consecuencia, el mejoramiento de la calidad de la formación personal y académica.
¿Por qué ocurre este reiterado mal en un país que requiere 'sembrar' hombres y mujeres con una alta formación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Hay una sola razón: no hay interés de cambiar las cosas; con ello se mantien una forma de convivencia que favorece el populismo, la desigualdad y el privilegio de unos pocos, en todos los campos.
Si un carné era una vía para varios cambios, se quedó en un lío burocrático. (OP)

 


 

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La historia sin fin del subsidio estudiantil

Dos años y tres meses han pasado desde que el Gobierno se comprometió con los estudiantes secundarios para formalizar la tarifa estudiantil. Hace 15 días, el Ministerio de Educación y la FESE sellaron un acuerdo para la entrega inmediata del documento. No obstante, se abre otra discusión. Los estudiantes reclaman una vigencia de 365 días y no solo de los 200 del ciclo escolar. Por otro lado, choferes de Quito niegan haber sido consultados

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