Según el diputado Carlos González, la
adquisición de estos computadores se empezó a realizar a través de una subdivisión de
contratos, es decir se compraron de tres en tres, de cinco en cinco, con el fin de evadir
el cumplimiento del proceso precontractual previsto en el artículo 64 de la Ley de
Contratación Pública, que prohíbe la subdivisión de contratos.
"De esta manera se evitó realizar una licitación pública, sorteando la posibilidad
de que el proceso sea controlado", expresó González, quien al momento lleva a cabo
la investigación de este caso en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Según la documentación que el organismo legislativo recibió del Ministerio de
Economía, hasta el momento se han comprado 29 computadoras a las empesas Malcom García y
Narváez Computación Cia. Ltda (18), Preserpi Cia. Ltda (6) y Acros (5).
Por estos artefactos el Estado ecuatoriano pagó $45 917,80, no obstante al momento, de
los 29 ordenadores que se encuentran en varias dependencias del Ministerio de Economía,
23 de ellos tienen fallas de funcionamiento y están en proceso de devolución, de acuerdo
con documentos del departamento de Recursos Materiales y Seguridad de dicha Cartera de
Estado.
Según informaciones recopiladas por los funcionarios de la Comisión de Fiscalización,
los empleados del Ministerio, Geovany Maldonado y Ricardo Rivera Fierro, quienes
participaron en el proceso de adquisición de las computadoras, han sido separados de
dicha Cartera. En los próximos días la Comisión presentará un informe sobre este tema.
(ICO)
Economía adelantó $30 000 por 'compromiso'
El 28 de mayo de 2002, el Ministerio de Economía pagó $30 000 a la empresa Towmar
International Ltda. en anticipo de un contrato de $150 000 para una publicación en la
revista inglesa Euromoney Magazzine, que nunca se realizó.
El acuerdo consistía en publicar 16 páginas con un reportaje sobre Ecuador, editoriales
del Ministerio y una 'invitación' al ex ministro Emanuel para participar en el 'Borrowers
Investors Forum', que se llevó a cabo en Londres del 18 al 20 de junio. El pago se
efectuó sin haber un contrato de por medio, por lo cual las autoridades del Ministerio
actualmente solicitan la devolución de esos dineros. (ICO)
LOS OTROS CASOS
* Presunta contratación de empresas fantasmas de fumigación para el Litoral
El Ministerio de Economía entregó $8 millones al de Salud para cubrir emergencias
sanitarias declaradas en varios cantones del Litoral. No obstante, el Ministerio de Salud
habría contratado empresas fantasmas de fumigación para combatir el dengue y la malaria.
Eso se desprende de la denuncia presentada por Carlos González, presidente de la
Comisión de Fiscalización del Congreso.
Más aún, Salud habría pagado por trabajos no realizados.
Para aclarar el caso, la Fiscalía inició el proceso de indagación previa, que está a
cargo de María Cerón, fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras. (MAR)
'No sé nada, no conozco a tramitadores'
Es el 23 de julio. Faltan 10 minutos para las 14:00, el fiscal Jorge Montero llega a su
oficina en la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, enciende su
computador, revisa varios cuerpos legales y arregla las dos sillas destinadas para quienes
comparecerán ante él.
Minutos después acude a su despacho, ubicado en el séptimo piso de la Superintendencia
de Bancos, en Quito, Luis Alberto Méndez Cadena, ex conserje del Congreso Nacional,
citado para que responda por qué se encontraron en su poder carpetas llenas de documentos
y cheques en blanco pertenecientes a Tomás Chávez Toala, ex funcionario de la Dirección
Jurídica del Parlamento, quien confesó a la prensa que por 13 años ha tramitado
partidas para varios Municipios.
Dos abogados acompañan a Luis Alberto Méndez. Montero dialoga con ellos y les explica la
razón de la comparecencia.
En la declaración, el fiscal, entre otras cosas, pregunta a Méndez: "¿Sabe usted
qué otros amigos de confianza tenía el señor Tomás Chávez Toala?" La respuesta:
"Desconozco". Otra pregunta: "¿Puede indicar usted por qué el señor
Chávez Toala dejó de ir a su oficina en el Congreso?" "Desconozco".
"¿Puede usted señalar qué otras personas pueden colaborar con la presente
investigación?" "No sé cuáles..."
Luego de dos horas de comparecencia, Luis Méndez, sin lograr ocultar su nerviosismo, lee
la declaración, firma y se retira.
Los documentos son estudiados e incorporados en el extenso cuerpo legal.
Jorge Montero, de acuerdo con el análisis de las versiones, prepara una providencia y
ordena nuevas comparecencias.
Dichas declaraciones hasta el momento suman 24, gran parte de las cuales representan
numerosas hojas procesales llenas de respuestas similares al 'no sé', 'no he visto',
'desconozco'. (MAR)
* Denuncias en torno a una campaña de publicidad que no fue difundida
Otro de los escándalos registrados en el Ministerio de Economía tiene que ver con la
contratación de una campaña de publicidad para la promoción del programa de
reestructuración de pasivos, la cual nunca se difundió.
Si bien el contrato firmado por $518 678, 84 no se cumplió, la Cartera de Economía pagó
a la empresa Tions S.A. $470 425, 98.
El contrato fue firmado por el entonces subsecretario Administrativo Galo Farfán Pacheco
y por el representante legal de la empresa, Mariano Acosta, hermano de Carlos Acosta, ex
asesor de Emanuel. La agente fiscal María Cerón está a cargo de la indagación previa
en el caso. (MAR)
Se alista culminación de contrato con Tions
El Ministerio de Economía se apresta a rescindir el contrato firmado con la empresa Tions
S.A., mediante el cual el Estado pagó $518 678,34 por la difusión de la campaña de
reestructuración de pasivos.
Dicho contrato nunca se realizó y, de acuerdo con las versiones del diputado azuayo
Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien
investigó este caso, este compromiso está viciado de irregularidades.
De acuerdo con documentación entregada por el Ministerio de Economía, no se celebró una
escritura pública del contrato, por cuanto fue criterio de la entidad proceder de esa
manera. Además, no se escogió un registro de proveedores, y fue discrecional la
invitación a los potenciales oferentes.
El diputado Carlos González aclara además que no se encontraron evidencias de
compromisos contraídos con medios de comunicación que hubieran garantizado la ejecución
contractual.
El contrato suscrito por las partes señala en su texto el anticipo del pago, no obstante
el Ministerio canceló la totalidad del servicio pactado.
"En esta ocasión, se apreció la inusual diligencia, agilidad y rapidez en los
trámites de desembolso de los dineros para pagar este contrato", dice González.
Para el legislador, este es un contrato con un "escandaloso sobreprecio", ya que
consultadas varias empresas publicistas, todas coinciden en que los montos solicitados
para la difusión de la campaña fueron exagerados, así como los costos pagados por la
elaboración de los productos que iban a ser difundidos en esta campaña, lo cual fue
motivo de otro contrato suscrito con Tions S.A., por el cual el Estado pagó $140 073,67.
Según la Comisión de Fiscalización, existe la presunción del delito de enriquecimiento
ilícito y peculado, ya que aparte del sobreprecio, el beneficiado de este contrato fue el
ex asesor del ministro Emanuel, Carlos Acosta Peralta, dueño de Tions S.A., quien ganaba
$2 000 en la Cartera de Economía. (ICO)
ANALISIS
Amenaza la impunidad
Hace un mes, la opinión pública fue impactada por las denuncias de una escandalosa
corrupción con la tramitación de partidas especiales en el Ministerio de Economía. Se
habló entonces de una red que incluía a funcionarios de Gobierno, alcaldes,
tramitadores, contratistas y diputados. Todos tenían su reparto de las coimas. Los
sobreprecios de las obras llegaban al 38%.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Comisión de Fiscalización
del Congreso asumieron investigaciones preprocesales. Se encontraron documentos con las
firmas de alcaldes, autorizando la acción de tramitadores. Se hallaron cheques en blanco,
al parecer, producto del reparto de las coimas. Y el caso fue abierto por la Fiscalía el
19 de junio.
La ministra Mariana Yépez acudió al Ministerio de Economía horas antes de que el
Ministerio Público efectuara un homenaje al ex subsecretario Ramiro Espinosa, implicado
en el caso, lo cual puso algunas dudas en torno al manejo que daría la Fiscalía a las
denuncias. En este contexto, el fiscal Jorge Montero, de la Unidad de Investigaciones
Financieras, tomó el caso.
Por el despacho de Montero han desfilado 24 comparecientes, desde el ex ministro Emanuel
hasta Luis Méndez, conserje del Congreso. Las 4 000 hojas que contienen los 38 cuerpos
legales están llenas de preguntas sin respuestas precisas, de desviaciones y enredos.
Después de 38 días de proceso, queda la sensación de que no se ha avanzado, más allá
de papeles y grabaciones. La Fiscalía aún no ha emitido un dictamen acusatorio, mientras
crece la preocupación de que el caso se diluya y, como manifiesta Ramiro Larrea, de la
CCCC, se dé paso a la impunidad.
Mientras tanto, las denuncias continúan apareciendo. Una publicación en HOY sobre
irregularidades en contratos publicitarios firmados por Economía fue la base de la
apertura de un proceso por parte de la fiscal María Cerón. Y en esta edición de BLANCO
Y NEGRO, el diputado Carlos González presenta más denuncias relacionadas con supuestas
ilegalidades en la compra de computadores, publicaciones de reportajes y viáticos. Hay
mucho por investigar, pero más por resolver. (PM).
