La Unidad de Investigaciones Financieras
del Ministerio Público, por medio del fiscal Montero, solicitó al Juzgado Cuarto de lo
Penal de Pichincha la detención provisional de varias personas, dos de ellas: Ramiro
Espinosa y Galo Farfán, ex subsecretarios del Ministerio de Economía y Finanzas.
Pidió a la Contraloría informes sobre la legalidad de los contratos suscritos por los
diferentes Ministerios con los organismos seccionales y solicitó, en los primeros días
de julio, al presidente de la República, Gustavo Noboa, un informe escrito con su
versión sobre el caso, no obstante hasta la fecha no ha recibido respuesta del primer
mandatario.
Quienes han rendido sus declaraciones en esta Unidad no han aportado mayores elementos a
la investigación, y a pesar de que las comparecencias se han sucedido una tras otra, la
justicia marcha a paso lento. (MAR)
Contraloría alista informe de convenios ministeriales
La próxima semana, la Contraloría General del Estado enviará a la Fiscalía los
informes sobre los contratos efectuados por las Secretarías de Salud, de Obras Públicas
y de Vivienda con los Municipios, según conoció BLANCO Y NEGRO.
El organismo de control, además, dará a conocer a la Fiscalía si los ex funcionarios de
Economía Ramiro Espinosa, Galo Farfán, Kléber Chica y Anabel Quintana presentaron la
declaración de bienes al inicio de su gestión.
La instrucción fiscal dura 90 días, luego de los cuales el fiscal Jorge Montero, de la
Unidad de Investigaciones Financieras, deberá emitir un dictamen acusatorio o de
abstención.
El plazo para la presentación de dicho dictamen vence el 27 de septiembre, no obstante
ello podría suceder semanas antes.
Ocurrido esto, el caso saldrá de la Fiscalía y pasará a manos de la función Judicial,
con lo que viene la denominada etapa intermedia.
Los documentos recopilados deben ser enviados al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha,
y el dictamen se pone en conocimiento de las partes, particularmente del denunciante, para
ver si presenta o no una acusación.
Se señala día y hora para una audiencia preliminar, los fundamentos del dictamen son
discutidos y 24 horas después de terminada la audiencia, el juez debe dictar un auto
resolutorio, ya sea llamando a juicio o dictando sobreseimiento.
Al momento, la instrucción se ha extendido a los organismos seccionales.
Los distritos de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos deben investigar las
contrataciones municipales. (MAR)
'Entes de control han actuado sin dinamismo'
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) considera que los organismos del
Estado que investigan el mal manejo de partidas "no han actuado con el dinamismo y la
radicalidad que el caso amerita... pues las medidas judiciales dictadas en contra de los
principales involucrados son muy tenues y con ello se abre paso a la impunidad".
Ramiro Larrea, titular de la CCCC, señala que no es posible que la Comisión de Excusas y
Calificaciones del Congreso haya dejado de lado "nuestra recomendación de investigar
la posible vinculación de algunos diputados en este caso y que con ello se permita eludir
responsabilidades". (PACH)
Evaluación negativa de la ciudadanía
Luego de conocidas las denuncias del trámite ilegal de las asignaciones especiales para
varios Municipios por parte de ex funcionarios del Ministerio de Economía, la percepción
de la ciudadanía sobre la investigación de los entes de control no es positiva.
Según una encuesta realizada por la empresa Market, un 8,13% de los encuestados en
Pichincha y Guayas consideran como 'excelente' la gestión de la Comisión de Control
Cívico de la Corrupción (CCCC).
Entre tanto, el 55% de las personas consultadas considera que el trabajo desarrollado por
el Congreso Nacional en el caso de las partidas especiales ha sido 'pésimo'. (NCC)
¿DONDE ESTAN?
Carlos Julio Emanuel
El ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, salió del país el pasado jueves rumbo
a Panamá. En su declaración ante la Fiscalía dijo que autorizó cambios en las
asignaciones presupuestarias, lo cual no es un delito, y que no conoció nada sobre el
pago de coimas para la entrega de dichas partidas. No obstante, las denuncias de Carlos
González e Iván Ojeda lo involucran en el caso.
Kléber Chica
Otro de los implicados en la supuesta red de corrupción que operaba en la Cartera de
Economía es Kléber Chica, ex coordinador de dicho Ministerio. El alcalde de Azogues
señaló haber recibido, en nombre de Chica varias llamadas telefónicas, pidiendo dinero
para agilizar el trámite de los recursos para los organismos seccionales. Se desconoce su
paradero.
Tomás Chávez Toala
Tomás Chávez Toala, funcionario del Departamento Jurídico del Congreso Nacional, se
encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía solicitó una orden de captura al Juzgado
Cuarto de lo Penal de Pichincha, debido a que se encontraron varias carpetas con
documentos y cheques firmados por contratistas para el pago de coimas en la tramitación
de contratos con Municipios, que lo implicaban en el caso.
Iván Ojeda
El abogado Iván Ojeda será llamado los próximos días a la Unidad de Investigaciones
Financieras del Ministerio Público para que rinda una versión sin juramento en el caso
de la tramitación ilegal de las partidas.
Ojeda fue acusado por el diputado Carlos González de ser quien cobraba los cheques
protestados de las coimas.
Al momento se desconoce su paradero.
