Sin embargo, existiría un total de 5 473
alumnos matriculados, que pagaban $10 por concepto de matrícula y $22,50 mensuales por
módulos de estudio. Los rubros y cantidades fueron depositados en cuentas corrientes
manejadas por Gladys Velasco Coloma, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación,
durante seis años.
Se intentó obtener la versión de Velasco, pero no se encontraba en la Facultad de
Ciencias Agrarias, ya que "salió a realizar varias diligencias", señalaron
empleados.
Una fuente de la secretaría del rectorado, que prefiere el anonimato, reveló que las
remuneraciones mensuales del personal son de $5 mil; viáticos por movilizaciones $16 mil,
y cada tutor gana $1 000.
Los ingresos, al parecer, se habrían utilizado para compras de votos, fiestas, entre
otras irregularidades en anexos de sustento, datos que fueron recabados en marzo anterior
por la Contraloría General del Estado. (CHM)
Los fondos por concepto de matrículas se invirtieron con el visto bueno del
rector
Laura, quien omite su verdadero nombre por seguridad, acudió ayer, de 14:00 a 18:00, a la
academia artesanal particular 'Lola Arosemena de Carbo', ubicada al sur de Guayaquil.
Ella es parte del grupo de 230 estudiantes que reciben enseñanza en uno de los 11 centros
de educación a distancia creados por la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB).
La academia alquila un espacio para que opere la extensión, desde hace cuatro años. Por
concepto de matrícula, ella pagó $10 y mensualidades equivalentes al mismo valor. Si el
Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) aprueba en los próximos meses su
operación, Laura sería profesional de la primera promoción del centro a distancia y
obtendría la licenciatura en artesanía, en la especialidad de diseño y modelaje.
Su preocupación se fundamenta, en que los valores cancelados a la tesorería de la UTB no
han ingresado.
¿Por qué motivo? "Esos dineros han ido a parar a cuentas de autogestión, según
nos informaron las docentes Eva y Zoila Mosquera, hermanas", manifiesta.
De acuerdo con averiguaciones, los rubros se han invertido con el visto bueno de Víctor
Rada, en un instituto de nivel superior para comprar computadoras.
"Nos preocupa que la Junta Provincial del Artesano no tenga automonía para firmar
convenios con instituciones educativas. ¿Quién nos certificará entonces el
título?", se pregunta angustiada. (CHM)
Víctor Rada tiene el respaldo de cuatro decanatos de la Universidad
En una oficina 'provisional' de la Facultad de Ciencias Agropecuarias llena de documentos,
carpetas y acompañado de un guardaespaldas, labora el biólogo Víctor Rada Suárez,
docente desde 1977, quien afronta la denuncia 076-2000 presentada en la Fiscalía de Los
Ríos, el pasado 18 de marzo.
Se lo acusa de malversación de fondos y de falsificación de documentos como, por
ejemplo, una factura del 31 de agosto de 2001 del hotel Santa María, en Quito, por el
hospedaje de una delegación estudiantil, a un costo de $537,60.
Rada, quien tiene el repaldado de los decanos Gladys Velasco Coloma, Pablo Guerrero Icaza,
Oscar Mora y de los subdecanos José Monar y Otto Ordeñana, explica a BLANCO Y NEGRO que
la paralización es arbitraria e ilegal y perjudica a más de cuatro mil estudiantes.
"La Contraloría ha tenido toda la libertad para elaborar la auditoría del año
2001". Los diferentes centros de estudio a distancia que operan en el país,
argumenta, están siendo analizados (tramitados) por el Conesup para la legalización
definitiva.
"Hemos fortalecido las cuatro facultades. Hay obras, pero los opositores están en
contra de la educación presencial y semipresencial", justifica. Con respecto a los
títulos de licenciatura en artesanía, reitera que son programas calificados por la Junta
Provincial de Artesanos de Los Ríos y que la primera promoción se graduará después del
análisis de documentación.
Si la Contraloría prueba que alguien usó indebidamente los dineros para su provecho
caerá quién tenga que caer. Mi conciencia está tranquila". (CHM)
Nadie sabe dónde está el dinero del colegio
Alfredo Costaín, docente del colegio anexo al centro de estudios universitarios,
manifiesta a BLANCO Y NEGRO que desde que la paralización de la UTB tomó un giro
inesperado (toma simbólica de los predios) se conoció que un grupo de vándalos y
asesinos se reunía en el domicilio de Rada Suárez para atacar al grupo de Santiago
Nivela que en la actualidad hace guardia en los patios de del alma máter.
Cuatro de ellos están recluidos hace un mes en la Cárcel Pública de Babahoyo, por
asalto y robo de vehículos. Rada, para sustituir a los profesores del colegio anexo,
habría contratado a varios amigos (sin nombramiento) para que dictasen clases.
Por otro lado, menciona que el Ministerio de Educación entregó el 6 de octubre del año
anterior un valor de $200 mil (de tres cuotas) para la edificación de bloques que
albergarían aulas.
De ese dinero, el rector le entregó $60 mil como cuota inicial a un contratista. Hasta el
momento, nadie sabe dónde está el dinero y la construcción está paralizada. (CHM)
ANALISIS
Universidad de Babahoyo, centro de corrupción
Meses atrás, cuando BLANCO Y NEGRO presentó un primer informe acerca de lo que ocurre en
la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), decíamos que lo que allí sucede se parece
más a la historia de una prisión que a la de un centro de estudios superiores.
Cuatro mil estudiantes que no pueden asistir a clases en forma regular, debido a
enfrentamientos armados dentro del alma mater, reflejan la degradación de esta mal
llamada universidad, donde se presentan todos los males que la sociedad rechaza.
El desvío de los pocos recursos con que cuenta la universidad, y que se atribuye al
mismísimo rector, en complicidad con empleados, no ha sido sancionado hasta ahora, ya que
cualquier acción es repelida por fuerzas de choque que se han tomado las instalaciones
del mal llamado centro académico.
Para sacar dinero de forma fácil, la UTB se inventó unos centros de educación a
distancia, en los que se han inscrito cientos de estudiantes pagando pensiones y cuotas
especiales, y que ni siquiera cuentan con la autorización del Conesup.
Y es que en la UTB no hay Dios ni ley.
No solo nadie lleva las cuentas por las asignaciones que reciben del Estado y de los
aportes de los estudiantes, sino que allí operan bandas armadas, algunos de cuyos
miembros incluso han sido señalados como ejecutores o cómplices de crímenes, pero
cuentan con la 'venia' de los directivos de la universidad, con quienes se protegen de
forma mutua. El caos y la violencia son de tales magnitudes, que se sabe que muchos
empleados han pedido protección policial por las amenazas que han recibido y porque ya se
han producido asesinatos.
Pero también son responsables las autoridades del Consejo Nacional de Universidades que
no han cumplido su tarea de vigilancia en este centro de 'estudios superiores'. Son
también responsables las autoridades de Los Ríos, que han permitido que los violentos
ingresen a los predios universitarios y, desde allí, ordenen asesinatos, bajo la
complicidad de grupos políticos plenamente identificados. (TFF).
