Cerca del 80% de las escuelas particulares
legales e ilegales que se encuentran en los sectores marginales de la parroquia urbana
Tarqui, al norte de Guayaquil, no cuentan con un sistema adecuado para preparar a un
individuo analítico, "capaz de reconocer sus derechos y deberes en relación a sí
mismos", como lo describe la nueva Reforma Curricular.
Y es que las deficiencias del sistema se inician desde el mismo proceso para evaluar los
permisos de funcionamiento, en el caso de las escuelitas que deciden 'formalizar' su
situación.. "Los supervisores emiten un informe favorable de las condiciones
físicas del plantel, pese a que la infraestructura no cumple con los requisitos básicos
para su creación", afirma un funcionario vinculado a la Dirección de Educación del
Guayas, que guardó su nombre.
De allí que en estos planteles operen sin mayores controles, a pesar de estar sujetos a
la misma reglamentación que las escuelas fiscales.
Las más graves infracciones que cometen las escuelas particulares 'legales e ilegales' se
refieren al incumplimiento de las normas mínimas de infraestructura. "Las aulas
deben tener un área de 1,5 m2 por alumno, considerando un mínimo de 20 alumnos por cada
una. Es decir, cada salón de clases debería tener 30 m2", dice en el literal 9, de
los requisitos necesarios para crear un plantel. ¿Ocurre así?. "No". Tomás
Mancheno, Director Provincial de Educación del Guayas, lo reconoce. "...en cierta
forma es cierto, hay escuelas en los bloques multifamiliares y en programas de vivienda
que laboran en un espacio de 36 m2".
En este sentido, la gran problemática se concentra en la zona norte de la urbe, en la
vía Perimetral, donde se localizan más de 20 cooperativas y nuevos asentamientos, un
sector con aproximadamente 300 mil habitantes. Allí, el 66% de los niños asisten a las
33 escuelas particulares legales y más de 15 establecimientos particulares sin permiso,
que presentan en un 90% problemas en su infraestructura, según un censo de Misión
Alianza de Noruega realizado el año pasado.
La norma se repite entre una y otra escuela. Son verdaderos hacinamientos humanos, cuartos
de 20 m2 hasta 40 m2, que albergan a más de 30 niños por aula. Las bajas pensiones que
cobran no permiten tener una infraestructura adecuada", justifica Angel González,
director de una escuela legal, pero que incumple la normativa.
El informe de esta ONG, que despliega sus operaciones en dos de los sectores más pobres
de Guayaquil, indica que el 53,4% de los moradores de la cooperativa Paraíso de la Flor
(zona norte) están conscientes de que el espacio de la escuela más cercana es pequeño,
pero no tienen opción.
A esto se suman las deplorables condiciones higiénicas que rodean estos locales. Un
baño, en la mayoría de los casos, es utilizado por 100 niños. (JVR)
Ahorro a costo de calidad
Lograr que se capacite a los docentes genera resistencias, según datos de ONGs
Los propietarios de las escuelas particulares (legales e ilegales) prefieren contratar a
personal no capacitado para así pagarles bajos sueldos y obtener una mejor utilidad por
el cobro de las matrículas y pensiones, según César Campoverde, investigador de la ONG
Misión Alianza de Noruega.
La conceptualización de la educación como un servicio cumunitario es desplazada en estos
sectores, donde los propietarios de los locales, en gran número, carecen de una
profesión ligada al campo educativo.
"El problema de estos sectores radica en el hecho de que la visión mercantilista de
los propietarios de las escuelas predomina sobre el interés por brindar una ayuda social
en estos sectores", dice Campoverde.
El investigador recuerda que cuando la misión noruega inició ayudaba a estas escuelas,
en 1996, "como fundación nos dimos cuenta de cierto recelo de los directores.
"Querían ayuda económica, pero cuando se trataba de capacitar a los maestros había
cierta resistencia". (JVR)
Prestatítulos ayudan a obtener licencias y refrendar a estudiantes que no son
suyos
El tráfico de títulos y certificados es otra de las irregularidades que se generan en el
sistema de educación particular de los sectores urbano-marginales de Guayaquil.
Ocurre en el proceso para obtener un permiso de funcionamiento hasta los mecanismos que
los 'directores' de las escuelas piratas utilizan para obtener los certificados de
culminación de la instrucción básica, según funcionarios de la Dirección de Estudios.
Hay casos en los que para obtener permisos de funcionamiento se presentan títulos de
personas que, si bien cumplen los requisitos, nunca llegan a trabajar en las escuelas para
las que solicitan el permiso. "Supuestamente se presenta una nómina del director y
personal docente capacitado, pero resulta que luego no son las mismas personas que
trabajan en las escuelas", indica un personero cercano al departamento de Currículo,
que se encarga de impartir los permisos.
En un breve recorrido por la cooperativa El Fortín se comprobó esta versión. Allí, de
cada cinco escuelas tres operan de esta manera. En la 'Independencia Ecuatoriana', que
tiene permiso 970, se encuentra de directora 'titular' Mireya Suárez Reyes. "Tengo
tres años en estas funciones". dice. Sin embargo, en los registros de la Dirección
de Estudios, el permiso se lo obtuvo con un título de Eduardo Mauricio Alvarado Zuñiga,.
El aparece como director.
La misma situación se repite a un kilómetro de este establecimiento, en la escuela con
permiso 129 'Señor de la Divina Esperanza', que tiene 300 alumnos. Angel González se
presenta como el director. "Todo está en regla", dice. Sin embargo, en ese
mismo cargo aparece -en los registros de la Dirección de Estudios- el nombre de María
Elena Maridueña Triviño.
Algo similar ocurre cuando se presenta la nómina del personal docente que supuestamente
labora en los planteles. "El personal deberá reunir los mismos requisitos
determinados para el ejercicio docente, en el magisterios fiscal", dice en artículo
327 de la Ley de Educación. Este es el quinto requisito necesario para la creación de
escuelas particulares, mas muy pocos establecimientos de estas zonas lo cumple. "Solo
es una pantalla, la mayoría de los que trabajan allí no son los mismos que aparecen en
las nóminas", dice un funcionario.
Mecanismos similares son utilizados por los directores de las escuelas piratas para
obtener los certificados de haber terminado la instrucción primaria. Con frecuencia, se
buscan nexos con otras escuelas que sí tienen permisos. "... se une el nombre de
estos niños que han estudiado en una escuela 'pirata' y se los incluye a la nómina
(cuadro G) de los menores que estudian legalmente. Esta nómina la firma el supervisor, el
profesor y el director y va a la Dirección". Es un procedimiento que muchos dominan.
En las cooperativas del norte es frecuente observar a más de un padre que se sorprende al
ver el certificado de su hijo, que terminando en una escuela aparece con un certificado
otorgado por otra. (JVR)
Entre 40 y 60 dólares al mes para maestros
Uno de los grados está a cargo de Jimmy. Tiene 22 años de edad y parece un experto dando
clases de matemáticas, aunque sabe que su método de enseñanza no es el adecuado para
sus alumnos del cuarto año de educación básica.
Se graduó de informática en el colegio Nacional Vicente Rocafuerte, y sus aspiraciones
son diferentes al ejercicio de la docencia, pero se tuvo que "conformar" con el
"oficio" ante la falta de empleo. El es parte de un nutrido grupo de personas
que, sin tener preparación docente, imparten clases en las escuelas particulares,
ubicadas en las más de 20 cooperativas urbano-marginales del norte de Guayaquil.
Ellos ganan entre 40 y 60 dólares mensuales y "en la mayoría de casos solo ostentan
títulos de bachiller. Es que con lo que pagan las escuelas particulares en estas zonas no
alcanza para el pago de una normalista', sostiene César Campoverde, jefe Operativo de
Misión Alianza de Noruega (MAN), ONG que trabaja en las varias precooperativas y
cooperativas de vivendas del Norte.
La deteriorada oferta pedagógica, reflejada por la falta de preparación de quienes
imparten las clases; el deficiente control por parte de los supervisores; y el pésimo
manejo de una planificación de contenidos son los componentes que agudizan la pobre
educación que se brinda en estos sectores.
Un sondeo realizado por MAN entre 785 niños de una de las cooperativas marginales del
norte indica que el 49,4% de estos niños repitió un año lectivo y un porcentaje
considerable de esta cifra no sabe leer. " Mi hijo Jhon recién está en cuarto grado
y medio lee...", dice Dolores Játiva, una madre de familia de la coopertaiva
Paraiíso de la Flor.
"Aquí aplicamos la reforma curricular", afirma con seguridad Ana Avelino, una
abogada que tiene a su cargo la dirección de la escuela 'Amigo Jesús', aunque sin
permiso de funcionamiento. No obstante, Avelino, al momento de definir con precisión los
objetivos de la Reforma guarda silencio por un momento y evade la pregunta.
Zoila Bastidas, otra directora de una escuela, pero legalizada, de la cooperativa Balerio
Estacio, dice "planificar las actividades, pero la supervisora no viene con
frecuencia... y cuando quiere trabajar nos cita en otro sector".
Luis Curicama, un niño indígena que estudia en una escuela de esta cooperativa no
comprende que con la educación que recibe, su futuro "de niño analítico y
creativo"-dos características del perfil de un infante de la Reforma Curricular-
está casi perdido. Solo reconoce que a sus doce años, está aprendiendo a leer y
escribir, aunque sus compañeros del tercero de básica se le rían, por ser el mayor del
grupo. "Son contados los niños de las cooperativas del norte que pueden salir a
estudiar a los colegios de la urbe. Es probable que de cada 25 a 30 niños que salen de
estas escuelas solo 3 lleguen a los colegios", sostiene Campoverde. Y es que el nivel
de educación es tan elemental y limitado que no les permite "competir a otro
nivel" (JVR)
