A los siete años de edad, Jesús Vázquez Cabezas soportó el primer calvario en su vida estudiantil. Aprender a leer y escribir fue un proyecto que, obligatoriamente, tuvo que postergar junto con 30 compañeros, en agosto de 2000. Es que, sin previo aviso, los dos profesores que con desborde de entusiasmo llegaron a ofrecer sus servicios a inicios de año, desaparecieron.
Atónitos e impotentes, los padres de familia, que pagaron $2 durante cuatro meses como pensión, no tuvieron más que esperar el inicio del nuevo año lectivo, en abril de 2001, para matricular a sus hijos en otra de las escuelas particulares de la cooperativa Nueva Prosperina, en Guayaquil.

Funcionan en locales insalubres, con profesores que solo tienen título de bachiller y cobran entre 2 y 8 dólares

La de Jesús Vásquez es una de las muchas historias que se tejen en las cooperativas urbano-marginales de esa ciudad, donde la falta de locales educativos fiscales ha despertado la astucia de quienes se autocalifican de 'docentes' y crean escuelas, sin considerar las mínimas normas indispensables para el funcionamiento.
La situación es más crítica en otros casos, donde menores que terminaron la instrucción primaria no tienen documentos avalados por la Dirección de Educación Provincial de Educación. Una simple libreta de calificaciones 'certifica' que están en cierto grado o que terminaron la primaria. Directores de escuelas estatales del sector dan cuenta de ello, pues aceptan alumnos de grados intermedios con esos problemas. Cierran así un círculo vicioso en el que se pone en juego el derecho de estos a "desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades...", como dice el artículo 29 de la Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Laddy es otra víctima de ese círculo. En Nueva Prosperina, ha recorrido por lo menos tres escuelas particulares sin permiso y, ahora, que tiene 12 años y cursa el quinto grado, "... escribe como un niño de primero...ha escapado de la mala enseñanza de otras escuelas", afirma Ana Avelino, su actual tutora de la escuela Amigo Jesús. El comentario resulta paradójico, pues Laddy estudia en un local no autorizado.
¿Permiso de funcionamiento? "Aún no...", afirma Avelino. "Pero por eso no vamos a perjudicar a los niños privándoles la educación. Además, vamos a sacarlo...", justifica .
"... los Estados adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño ...", dice el artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Niño. Laddy y su madre, Rosa Soledispa, ignoran ese derecho, que se viola no solo en esta escuela, sino en algunas, incluso legales, del sector. En el margen nordeste de Guayaquil, las escuelas piratas surgen por la confluencia de una serie de factores. Las precarias condiciones en que allí se vive - el ingreso per cápita está entre $60 y $80- permiten que haya quienes intenten hacer de la educación un negocio lucrativo. Educación bilingüe, computación, danza y becas, que no se cumplen, son estrategias para reclutar alumnos.
Y como esas escuelas no constan en los planes de supervisión, porque formalmente no existen, las reglas del juego las imponen los propietarios y los supuestos directores, que en ocasiones resultan ser los mismos dirigentes barriales.
Otra característica de estas escuelas es la facilidad para cambiar de nombre. Martha Corozo, moradora de Paraíso de la Flor, recuerda que en 1997, matriculó a su hija en una escuela, que hasta el 2000, cuando obtuvo el permiso, cambió de nombre en tres oportunidades. "El Ministerio de Educación y Cultura sancionará a las personas naturales o jurídicas que organizaren establecimientos educativos sin la autorización oficial y adoptará las medidas más convenientes para garantizar el derecho de los alumnos", dice en el artículo 176 de la Ley y Reglamento de Educación. ¿Se cumple? Las autoridades reconocen la existencia de estas escuelas, pero se declaran impotentes de tomar medidas efectivas para acabar con esas anomalías recurrentes en la zona marginal. (JVR)


Se evaden 19 procedimientos cuyos trámites demoran un año

Los certificados de terminar la primaria no los emiten las escuelas donde se asiste, sino otras

El cumplimiento de los 19 requisitos para crear una escuela - especialmente la falta de infraestructura y personal docente - se convierten en la piedra de tropiezo que admiten los propietarios de las escuelas piratas para no legalizarlas.
Tramitar un permiso dura cerca de un año, lapso en el que se revisan los documentos en la División de Currículo y se cumple con la inspección de la escuela, función que ejecuta un supervisor.
En el año 2000, solicitaron permiso de funcionamiento 54 jardines de infantes y 90 escuelas particulares, según registros de la Dirección Provincial de Educación. Los permisos debieron ser expedidos para este período lectivo, pero no se los ha otorgado porque durante seis meses permaneció vacante la jefatura de la División Currículo, explica Freddy Viteri Jiménez, jefe del departamento de Educación Básica.
"Sucede que en ocasiones el 90% de las escuelas que solicita el permiso ya tienen tiempo funcionando, y se ven obligadas a legalizarse por presiones de padres que detectan que trabajan de esta manera", dice otro funcionario.
En este sentido, los certificados de terminar la primaria se obtienen por terceros e, incluso, en las escuelas de los sectores marginales, pasan por alto o son simples libretines de aprovechamiento.
Según Viteri Jiménez, el proceso que se lleva para otorgar el permiso, es riguroso y se apega estrictamente a los requisitos. Sin embargo, esto en la realidad no se aplica, si se considera la condición en que trabajan las escuelas marginales supuestamente legalizadas.
En la práctica, de los 19 requisitos más de cinco se incumplen. Entre ellos, los relacionados con infraestructura, contratos de los docentes y personal de servicio, así como los títulos profesionales de estos. (JVR)

Matemáticas

• La falta de escuelas regentadas por el Estado es lo que permite el surgimiento de locales piratas.
  
• Según el censo de Misión Alianza de Noruega, avalado por el INEC, el 14,3% de los niños de diez años que habitan en la zona Paraíso de la Flor, no asiste a la escuela.
  
• El 12,95% de los menores de este sector no terminan el último año de Educación Básica.
  
• De cada 100 alumnos que se matriculan en el primer grado, el 56% llega al primer curso y, de ellos, solo 14 serán bachilleres.
  
• El 86% de los profesores no tiene título habilitante en el nivel preprimario. En el primario el 21% son docentes y el 37% son bachilleres en ciencias de la educación.
  
• Entre los docentes, 23% poseen otro título profesional y el 30% no tiene estudios universitarios. El 71,5% de docentes son mujeres, según el Ministerio de Educación y Cultura.
  
• La desvalorización social de la profesión docente viene agravada por la escasa remuneración.
  
• Malas condiciones de vida, salarios bajos, carencias nutricionales y sanitarias, viviendas precarias, desempleo y subempleo inciden en la capacidad de aprender de los niños.
  
• En Guayaquil, hay 2 135 personas que ejercen la docencia a nivel preprimario en las escuelas particulares laicas.
  
• En la urbe funcionan 710 escuelas laicas particulares, en las que se educan 90 189 infantes. De esta cifra, 30 mil estudiarían en las cooperativas urbano-marginales del norte.
  
• Por la crisis económica, el 20% de las familias dejó de enviar por lo menos a un niño a la escuela, según datos de quienes reciben el bono de la pobreza. (JVR)

Copropietario, docente y director, en una sola persona

Esposo de la directora del plantel. Tiene a su cargo un grado. Es además el profesor de educación física, copropietario de la escuela y director de los proyectos 'comunitarios', que dice emprender en el sector del Fortín, kilómetro 26 de la vía Perimetral, al noroeste de Guayaquil.
Se trata de Edisson Realpe, miembro de la Unión Nacional de Educadores y militante del Movimiento Popular Democrático.
Su inclinación política se refleja en la gran pancarta que promociona a Carlos Medina, dirigente emepedista, instalada en el reducido patio de Jumandi, su escuela, cuya numeración es la 640, otorgada por la Dirección de Educación del Guayas. Allí se educan cerca de 300 niños, en un espacio que no responde al número del alumnado: Solo dos pabellones de 40 m2. Realpe no se inmuta al momento de explicar por qué tiene una pancarta proselitista en su local escolar. "Es que es mi partido", dice, orgulloso.
Lo que él desconoce es que "El Estado (...) prohíbe la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos...", según el artículo 67 de la Constitución Política. En el sector del Fortín se contabilizan más de 20 escuelas particulares, entre legales e ilegales. " ... y algunas son de los dirigentes de las cooperativas", coinciden en afirmar varios moradores. Un kilómetro más allá, en la segunda etapa de la precooperativa Balerio Estacio, un letrero anuncia las matrículas para ingresar a la escuela Veinticinco de Junio. Gloria Vergara, dirigente de la precooperativa admite no tener permiso de funcionamiento, pero 30 niños están ya matriculados.
"La supervisora ya tiene conocimiento, por eso me recomendó trasladar a los niños a otra escuela cercana hasta que salga el permiso", comenta. (JVR)